En pasados días, en una inédita acción de la justicia boliviana, la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz usó el ChatGPT para consultar un criterio jurídico en medio de una audiencia. Los vocales de ese Tribunal buscaban definir una Acción de Privacidad que se presentó contra periodistas, en el marco de una supuesta protección de los derechos humanos.
El director de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Alberto Salamanca, resalta las disposiciones del ordenamiento jurídico boliviano. Según el académico, las autoridades judiciales son designadas para impartir justicia y tomar decisiones.
“Se espera que la Autoridad Judicial ponga en práctica sus capacidades y competencias profesionales y jurídicas para la resolución de una causa, aplicando su experiencia profesional y no así la capacidad de una máquina o emulador de Inteligencia Artificial”, ´puntualiza el abogado.
Solo las personas pueden impartir justicia La Constitución Política del Estado (CPE) determina que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad y seguridad jurídica, entre otros. Los artículos 120, 178, 179 estipulan de manera clara el valor de la justicia. El pueblo delega a un Órgano Judicial, compuesto por seres humanos, la potestad de impartir justicia. Además, se remarca el derecho de la población para ser oída por esa autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial. César Cabrera, abogado constitucionalista, puntualiza que este artículo hace referencia al derecho al debido proceso en su elemento del juez natural.