En el contexto del denominado caso ‘Consorcio’ por la manipulación de fallos constitucionales, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, quien aparece como víctima, se negó a responder a la versión que dio el prófugo de la justicia Antonio de la Fuente sobre una supuesta amistad entre ambos. Además, evitó referirse a los detalles sobre su experiencia académica.
“Se ha dejado poder (para que otra persona la represente en el caso), porque yo no tengo tiempo (…) Yo no evado (hablar del caso), únicamente… Primero, era (que el caso se declaró en) reserva, ahora todo está. Creo que en el juicio se va a esclarecer, hay investigaciones, de esa amistad que dicen (con De la Fuente), todo es mentira, todos en el Órgano Judicial conocen”, fue parte de la escueta respuesta que dio la magistrada Coaquira, al ser consultada sobre el tema por EL DEBER.
Coaquira fue abordada durante un evento judicial que se desarrolló en La Paz, el día lunes. Inmediatamente, la magistrada comenzó a dar “gracias”, para retirarse, incluso llevándose puesto el micrófono corbatero y sin responder a la segunda consulta que se le hizo. Se trataba sobre la aseveración de De la Fuente, quien sostiene que existe una falsedad en la declaración jurada que ella presentó ante la Asamblea Legislativa, al momento de postular al cargo, en 2024.
Según los documentos presentados por De la Fuente, Coaquira aseguró haber impartido cátedra en la Universidad Bolivariana, lo que le favoreció en el puntaje de la evaluación sobre experiencia laboral, en la Asamblea. Pero el hombre, prófugo desde el 11 de junio, asegura que la magistrada falseó ese dato, además que esa docencia no fue certificada por la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).
Se debe precisar que Coaquira, víctima en el caso consorcio, inició un proceso penal contra De la Fuente, por mentir y usar documentos fraguados de dicha universidad para suspenderla del cargo. Sin embargo, ni la Fiscalía ni otra instancia legislativa, judicial o académica investigó o verificó si la magistrada en efecto fue docente de la Bolivariana.
Exvocal Castro
Asimismo, la magistrada Coaquira no quiso referirse al fallo de la jueza a cargo del caso, Edith Torrez (17° Anticorrupción), quien el pasado 26 de septiembre benefició con detención domiciliaria a la exvocal Claudia Castro. Recordemos que la exvocal estuvo detenida en la cárcel de mujeres de Obrajes, sindicada de ser cómplice del exministro de Justicia, Cesar Siles, para la manipulación de un fallo constitucional, fin para el cual se “utilizó” a quien fue juez del municipio de Coroico, Marcelo Lea Plaza.
Con la liberación de Castro, no hay más personas detenidas por este caso y, de acuerdo a la norma, de no haber avances en la investigación, el caso podría ser cerrado en diciembre. Esto debido a que Lea Plaza, el primer detenido, también logró una detención domiciliaria.
De los ocho implicados, De La Fuente fue el único que no fue puesto ante un juez, pues afirma que no tiene garantías, por lo que permanece oculto, supuestamente, en la casa de un militar.
Destitución
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, confirmó a EL DEBER que esa instancia, encargada de la contratación y control disciplinario de los jueces, ratificó la destitución de Lea Plaza, por faltas graves, luego de que este apelara una primera determinación.
Por su lado, Marco Antonio Cárdenas, representante de la Magistratura en La Paz, detalló que aún están en curso, dos procesos disciplinarios, uno en contra de la exjueza Castro y el segundo, contra el expresidente del Tribunal Departamental de Justica de La Paz, Yván Córdova, también involucrados en este caso.
Entre los otros involucrados figuran: el magistrado suplente Iván Campero, un funcionario judicial de Coroico y un abogado particular. Campero, también es señalado como uno de los principales organizadores del boicot contra Coaquira.
Presiones en la cárcel
Suleika Lanza, abogada del exjuez Lea Plaza, afirmó que, durante el encarcelamiento de su cliente, funcionarios de Régimen Penitenciario lo agredieron, para que cambie sus declaraciones. Recordemos que Lea Plaza fue quien entregó el audio de una llamada de celular con el exministro Siles, en el que se reveló cómo se pretendía manipular el fallo y se mencionaba a varias autoridades judiciales involucradas.
“La directora de Régimen Penitenciario (de La Paz, Mariana García), el director nacional (Juan Carlos Limpias), lo han amenazado, lo han pegado, hay un certificado médico forense. Esto ese ha filtrado al Ministerio de Gobierno y se está presentando las denuncias correspondientes”, afirmó Lanza en contacto con EL DEBER.
Desde Régimen Penitenciario, se afirmó que no existen denuncias sobre el tema en el Ministerio de Gobierno y se desestimó las declaraciones de la abogada.
No hay pericias
La jurista también denunció que, a casi cuatro meses del inició de este escandalo que provocó la caída del ministro de Justicia, el fiscal del caso, Fernando Espinoza, no entregó las pericias informáticas al celular que el exjuez entregó, para corroborar la autenticidad del audio y los mensajes con Siles y Castro.
Asimismo, el abogado de la exvocal Castro, Marco Mostajo, informó a este medio, que el fiscal tampoco dio lugar al pedido de ampliación de declaración que hizo su cliente, quien en un memorial involucró a los vocales de las salas civiles del TDJ La Paz, Édgar Ordoñez y Erika Valdez.
Se conoce que, a partir de ese indicio, la magistrada Coaquira amplió su denuncia y la Fiscalía sindicó a ambos vocales, como organizadores de las reuniones en las que se planificó su desstitución del TSJ.