En la actualidad, los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos de la sociedad digital. Cada clic, búsqueda en internet o interacción en redes sociales deja un rastro de información que es recolectado, almacenado y analizado por empresas, plataformas y, en algunos casos, por actores con fines poco transparentes. En este contexto, la privacidad ya no es solo una cuestión individual, sino un derecho fundamental que enfrenta tensiones constantes y que plantea un enorme desafío para la educación jurídica.
“El ser humano hoy vive permanentemente expuesto, porque prácticamente todo su accionar queda registrado en bases de datos físicas y digitales”, advierte Fabricio Góngora Flores, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz). Para el académico, esta realidad obliga a repensar cómo se enseña y se ejerce el derecho a la privacidad en una época marcada por la hiperconectividad.
Los datos personales han sido comparados con el “nuevo petróleo” por su enorme valor económico y estratégico. Plataformas digitales y empresas tecnológicas los utilizan para segmentar mercados, influir en decisiones de consumo e incluso predecir comportamientos sociales.
Sin embargo, esta lógica convierte la información íntima en una mercancía y expone a los usuarios a riesgos como el robo de identidad, el acoso digital o la manipulación política. En palabras de Góngora, “las políticas de privacidad que presentan las plataformas no llegan a proteger ni a garantizar realmente el derecho del usuario, dejándolo en una situación de vulnerabilidad”.
El problema se acentúa entre jóvenes y adolescentes, quienes suelen compartir grandes volúmenes de información sin medir las consecuencias.
“Existe una gran desinformación sobre cómo proteger la privacidad y sobre los alcances reales de la exposición en redes sociales”, señala Góngora, al remarcar que muchas veces se divulgan datos sensibles como ubicación, identidad personal o información de terceros, incluidos menores de edad.
En este escenario, enseñar el derecho a la privacidad se convierte en una competencia ciudadana esencial. No basta con conocer normas jurídicas; es necesario comprender el valor de los datos personales, desarrollar habilidades digitales para gestionar la huella en línea y reflexionar éticamente sobre el uso de la información propia y ajena. La privacidad, más que un concepto legal, se transforma en una práctica cotidiana.
Góngora insiste en que la protección de los datos comienza con decisiones personales informadas. “La información que se entrega voluntariamente en redes sociales no desaparece; permanece almacenada en la nube y puede ser utilizada en cualquier momento”, explica. Casos emblemáticos como el de Cambridge Analytica evidencian cómo los datos pueden emplearse para influir en procesos políticos y sociales, reforzando la urgencia de una formación crítica en este ámbito.
En Bolivia, aunque la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la privacidad, la intimidad y la propia imagen, aún no existe una normativa específica e integral sobre protección de datos personales en la era digital. Esta brecha legal incrementa la responsabilidad de las universidades en la formación de profesionales capaces de interpretar, defender y actualizar estos derechos frente a los nuevos escenarios tecnológicos.
En Unifranz, la carrera de Derecho responde a este desafío incorporando el análisis de las nuevas tecnologías y su impacto jurídico desde los primeros momentos de la formación. Los futuros abogados exploran temas como redes sociales, bases de datos, delitos informáticos y derechos digitales, enfrentándose a situaciones reales mediante la metodología del aprender haciendo.
Este enfoque permite que los estudiantes no solo comprendan la teoría, sino que desarrollen criterios prácticos para resolver conflictos vinculados a la privacidad en contextos reales. Así, los abogados formados en Unifranz están preparados para afrontar los retos del mundo actual, donde los datos personales se han convertido en capital y su protección es una tarea jurídica, ética y social impostergable.