La política de seguridad ciudadana, así como los contenidos para la educación y dotación de tierras, son elementos clave de la propuesta de una nueva relación de Santa Cruz con el Estado que presentó hace poco el Comité Pro Santa Cruz. La iniciativa está basada en el principio de “la libertad” para “decidir cómo y qué producir, para planificar el futuro; disponer de los recursos que se generan; para preservar y proteger el ecosistema y medio ambiente y definir los contenidos pedagógicos del sistema educativo de manera que sean coherentes con la historia, tradición e identidad cultural” de la región.
Además, según puntualizó Fernando Larach, presidente del Comité, el plan apunta a que la región “sea liberada de una policía represora, corrupta y extorsionadora” que es controlada por decisiones políticas del poder central.
El ente cívico presentó el 13 de noviembre esta propuesta bajo la consigna de “liberar la autonomía secuestrada” y de este modo establecer una nueva relación con el Estado. Eso sí, sin vulnerar la Constitución Política del Estado (CPE), tal como lo estableció la decisión del cabildo del 13 de noviembre de 2022, el más multitudinario de la historia regional.
La propuesta derivó en un plan de acción de dos etapas, a corto y mediano plazo, y están vinculada con un diseño jurídico y administrativo que, incluso, plantea la creación de nuevas competencias autonómicas compartidas con el Estado central. Estas normas son del ámbito económico, de seguridad, educación y gestión política, pero también del área cultural.
Las transformaciones se darán con las competencias departamentales y municipales, según el proyecto de los cívicos y pasan por incrementar, previa modificación de la Constitución, de 36 a 57 las competencias exclusivas de la Gobernación de Santa Cruz y de 43 a 48 las competencias del nivel municipal. Eso sí, esto se dará en el mediano plazo a merced de un ajuste constitucional, según comentó Larach ayer en una entrevista con EL DEBER Radio.
Respecto a las políticas de seguridad ciudadana, la parte constitucional de la propuesta deja a la Policía Boliviana como “competencia privativa” del Gobierno, pero pide la modificación del artículo 27 de la Ley 264 que prohíbe la creación de organismos “que dupliquen atribuciones” de esa institución. Esto viabilizará la creación de una guardia departamental que será complementaria con la Policía.
Por otro lado, a mediano plazo se recomienda una modificación parcial de la CPE para ampliar las competencias exclusivas como la creación de bomberos urbanos la guardia y bomberos forestales,bajo control del municipio y la gobernación. “No contamos con una fuerza pública institucionalizada, esto significa que cuando estaban los prefectos, el comando de la Policía Departamental dependía de ellos, pero eso cambia cuando nos volvemos autonómicos, por lo tanto, hay un impedimento para que cumplamos con la legislación autonómica”, dijo Cindy Michelle, miembro de la mesa constitucional que elaboró este proyecto.
Sobre el medio ambiente, la propuesta proyecta la transferencia de algunas instituciones que se están superponiendo a los Gobiernos autónomos como, por ejemplo, la Administración de Bosques y Tierras (ABT) para que dependa de las gobernaciones. “La propia CPE establece que son competencias concurrentes, como la fiscalización del agua potable, pero al final en la concurrencia los Gobiernos Autónomos no hacen una verdadera participación”, explicó Carolina Ortuste, otra integrante de la parte constitucional.
Además, prosiguió la abogada, se planteó que a mediano plazo se reasignen algunas competencias a favor de los gobiernos autónomos como la legislación del suelo, recursos genéticos, biogenéticos y recursos hídricos, entre otros, para que algunas pasen a ser competencias compartidas y otras exclusivas de las gobernaciones, como las áreas protegidas que tiene cada una de las regiones en el país.
En el ámbito de educación, las medidas que se proponen a corto plazo son la modificación de la Ley 070 de Educación “Avelino Siñani -Elizardo Pérez” y suprimir direcciones departamentales de Educación, dependientes del nivel central. A mediano plazo, se plantea la administración y regulación del subsistema de educación superior profesional, en sus ámbitos de formación de maestros, técnica y tecnológica, artística y universitaria.
Otra propuesta es la currícula regionalizada aplicable en el subsistema de educación regular, alternativa y especial, en coordinación con los gobiernos autónomos municipales de su jurisdicción.
“Una relación de Santa Cruz con el Estado, basada en el sometimiento cultural, en la sumisión como sociedad al centralismo, en la obsecuencia política y en las restricciones y prohibiciones económicas que impone e imponga Estado boliviano, implicaría una condena anticipada a la extinción de Santa Cruz”, explicó Larach.
Además, resumió los retos del proyecto en seis grandes libertades para “producir, planificar el futuro, para disponer de los recursos que se generen, para preservar y proteger el ecosistema y el medio ambiente; libertad para definir que los contenidos pedagógicos del sistema educativo sean coherentes con su historia, tradición e identidad cultural” de Santa Cruz.
Repercusiones Sobre la propuesta para que se transfieran algunas instituciones que se están superponiendo a los Gobiernos Autónomos como la ABT, por ejemplo, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Óscar Balderas señaló que las pérdidas de bosque en Bolivia, durante los 20 años precedentes, han afectado a todos los departamentos, pero principalmente a Santa Cruz, donde se concentra, en promedio, el 80% de la deforestación registrada en todo ese tiempo. “Las autoridades e instituciones nacionales actúan en función de los intereses políticos partidarios y para beneficiar a sectores sociales afines al gobierno nacional. Si bien la propiedad de los recursos naturales es del Estado, se debe profundizar la gestión en el nivel departamental, con asignaciones de mayores recursos económicos para el ejercicio de esta competencia y una legislación adecuada que garantice su intervención legal y más efectiva”, manifestó Balderas. Hace unos días, el parlamentario presentó un reglamento para que el Legislativo seleccione al director titular del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la institución a cargo de la titulación de la propiedad agraria. “El reglamento propuesto busca recuperar la institucionalidad partiendo del cumplimiento de lo que manda Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria (art 20) el director nacional del INRA debe ser elegido por el Presidente del Estado en función a una terna presentada por la Cámara de Diputados, por dos tercios de sus presentes”, dijo Balderas y recordó que en 1998 el presidente Hugo Banzer posesionó a René Salomón, ultimo director nacional del INRA “institucional” y desde 2003, los mandatarios siguen teniendo la prerrogativa del nombramiento “a dedazo” de un interinato para esta dirección. El analista Daniel Valverde observó que la propuesta cívica tiene como objetivo fortalecer la autonomía y darle una mayor profundidad, cumpliendo muchos de los elementos que están dentro del Estatuto Autonómico que no se están cumpliendo como por ejemplo la Guardia Departamental y la Defensoría del Pueblo a nivel departamental, que son aspectos que fortalecerían el ejercicio autonómico a nivel institucional. “En lo que se refiere a las competencias, me parece pertinente generar el debate y avanzar en educación, seguridad y planificación que creo que son las tres competencias más importantes que se han planteado”.
ANÁLISIS
El actual modelo tiene limitantes
Israel Quino / Abogado Constitucionalista La propuesta de Santa Cruz y las autonomías con el Estado tiene una primera critica de fondo porque hablar de propuestas modificatorias considerando solamente reformas constitucionales es, primero, no abordarlo en el presente periodo constitucional porque será inviable debido a la cercanía con una elección presidencial. Segundo, si la propuesta de relación con el Estado tiene que ver solamente con revisar niveles competenciales autonómicos entre competencias compartidas, concurrentes o exclusivas de los municipios y el departamento, es solamente profundizar un nivel de descentralización autonómica. Por ejemplo, la propuesta de modelo federal, con este planteamiento, está desvirtuada. Creo que la salida inmediata si Santa Cruz u otros departamentos, como Potosí, quieren federalismo es debatir estos elementos: modelo y tipo de Estado en un proceso constituyente porque hacerlo con reformas constitucionales es demagógico y casi imposible de cumplir, por una razón esencial: en el momento que el poder político aborde alguna ley de reforma a la Constitución para que luego sea sujeta a referéndum, en el momento de apertura a reformar la CPE puede generarse conflictividad social que al poder político no le va a gustar. El modelo autonómico estatal boliviano permite a partir de las capacidades reglamentarias, ejecutivas y legislativas de los niveles autonómicos, optimizar y profundizar los mismos grados de cualidad autonómica. Sin embargo, tiene una limitante principal que viene a ser financiera. En tanto que el nivel central del Estado, siga generando la disposición de presupuestos del nivel central a los territorios autonómicos, el modelo no va a funcionar. Tener cualidades autonómicas de legislación, ejecutivas o administrativas, no es suficiente porque una autonomía plena tiene ver con la disposición de recursos financieros y este no es el caso. Santa Cruz y otros departamentos que quieren federalismo deben debatirlo en un proceso constituyente Lea también