En noviembre del año pasado, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) aprobó, sancionó y ‘colgó’ en su gaceta la Ley 313, de Promoción y Conservación del Patrimonio Natural de Santa Cruz.
El 27 de diciembre, en contraparte y desde su condición de presidente de la Asamblea Plurinacional, David Choquehuanca, hizo llegar a la ALD un requerimiento de derogación por incompetencia de 50 de los 65 artículos de dicha norma, como procedimiento previo a una demanda por competencias.
El martes pasado, la Dirección Jurídica de la ALD respondió al requerimiento, rechazando el pedido de derogación, que pondría en la incertidumbre 11 unidades de conservación del patrimonio natural (UCPN), incluida Güendá Urubó.
Este requerimiento de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, y paralelamente de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es el segundo.
Anteriormente, el 18 de diciembre, hizo llegar otro documento a la ALD, para derogación por incompetencia de la Ley 208/2021, de creación de la UCPN Güendá Urubó.
En ambos casos, las acciones legales desde la presidencia de la ALP se respaldan en las competencias privativas del nivel central en este tema, pero además en una solicitud de organizaciones sociales de la comunidad Santa Fe del Amboró, la misma que pidió el avance de la carretera Las Cruces-Buena Vista.
“Esta norma ha creado dos tipos de conflicto, la paralización del proyecto carretero, que cuenta con financiamiento desde 2018, es decir anterior a la creación de la UCPN Güendá-Urubó, y los derechos de los comunarios a la propiedad, al uso y disfrute de la misma, considerando que no hubo información ni consulta previa”, dice la misiva, firmada por una decena de organizaciones de Santa Fe.
Asimismo, en el mismo documento, los lugareños cuestionaron la Ley Departamental 313/2023, “por no ceñirse a los fundamentos de la sentencia 0076/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que pone en duda la competencia de la Gobernación cruceña para crear áreas protegidas o unidades de conservación del patrimonio natural.
La sentencia constitucional 0076/2023 establece que el patrimonio natural es responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, según el Art. 346 de la CPE y con esto anula los alcances de la ley departamental cruceña y del resto de los ocho departamentos para administrar los espacios territoriales de conservación.
Esta sentencia fue emitida en respuesta a un requerimiento de 2017 del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, dos años después de la Ley 098/2015, de Conservación del Patrimonio Natural del departamento.
Carolina Ortuste, directora jurídica de la ALD, explicó que Choquehuanca tiene 15 días para dar respuesta al rechazo del Legislativo Departamental, y que es probable que la Vicepresidencia del Estado presente una demanda de conflicto de competencias ante el TCP.
PARA SABER
DESDE 2017
En la sentencia 0076/2023, de agosto del año pasado, la sala plena del TCP exhortó a la ALP que sancione a Ley del Patrimonio Natural, y mantener la vigencia de los preceptos de la norma departamental 98/2015 que no hubieran sido declarados nulos, con la finalidad de resguardar los derechos adquiridos por terceras personas.
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