Dos anteproyectos de ley por el censo fueron presentados ayer. El Comité Interinstitucional entregó una propuesta en la que se incluyen las dos promesas gubernamentales, es decir, la entrega de resultados para redistribución de recursos económicos y de escaños.
Por la tarde, la agrupación Comunidad Ciudadana entregó su anteproyecto. Con la presencia del jefe del partido, Carlos Mesa, los diputados Lissa Claros, María José Salazar y Miguel Roca, anunciaron el levantamiento de la huelga de hambre que sostuvieron por ocho días y, al mismo tiempo, presentaron una nueva propuesta de ley que plantea la realización del censo el 23 de octubre de 2023 y anunciaron que darán pelea en el Legislativo.
El Gobierno, a través del vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que ninguna de las demandas de Santa Cruz expresadas en el cabildo del domingo le competen, y dejó en manos de la Asamblea el pedido de tratar una nueva ley.
El anteproyecto presentado en una conferencia de prensa realizada en Santa Cruz por el Comité Interinstitucional, incluye la promesa del presidente Luis Arce en el decreto supremo 4824, que fijó la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 y se comprometió a entregar recursos con resultados parciales en septiembre de ese mismo año, con el compromiso asumido por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, quien anunció el domingo que facilitará los resultados finales en diciembre de 2024, para que el Órgano Electoral pueda proceder al trámite legislativo de reasignación de escaños para las elecciones de 2025.
El asesor jurídico del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, explicó que el anteproyecto de ley tiene dos artículos. Primero, que “el INE, el mes de septiembre de 2024 emitirá los datos oficiales de población para la distribución de recursos de coparticipación tributaria”. El segundo señala que “máximo la primera semana de diciembre de 2024 emitirá los datos oficiales de población para la nueva distribución de escaños entre los departamentos, conforme al artículo 246, parágrafo quinto de la Constitución”.
En la parte complementaria del artículo 2, puntualiza que “el TSE, en base a los datos del nuevo Censo de Población y Vivienda, emitidos por el INE, procederá en forma inmediata a la elaboración del proyecto de ley de nueva composición y distribución de escaños entre departamentos y la remitirá a la Asamblea Legislativa para su consideración de aprobación, la misma que será aplicada para el período constitucional 2025-2030”.
La exigencia del Comité Interinstitucional, como se manifestó en la conferencia, es la falta de confianza en la palabra del Gobierno.
Sin embargo, ni en el Ejecutivo ni en la Asamblea fue tomada esta iniciativa de buena manera. El vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que "de los cinco puntos del cabildo, ninguno de ellos tiene una relación directa con el Gobierno, no es una tuición que nosotros podamos resolver”, dijo.
Richter lamentó que la propuesta que asumió Santa Cruz fuera planteada por el Gobierno antes del paro, que hoy cumple 25 días.
“No hay otros temas que producto del proceso censal deban generar conflicto, sabiendo esto, se deberían levantar las medidas de forma inmediata, porque no hay temáticas pendientes o irresueltas” dijo el vocero.
Sin embargo, aseguró que “los resultados deben ser específicos y detallados para su uso en distribución de escaños, no son lo mismo, tienen algunas características que los diferencian. Ayer se garantizó toda la información en 2024 para que el TSE trabaje un proyecto de ley y se trate la nueva distribución de escaños, después vendrá el trabajo de la cartografía y las nuevas circunscripciones”, finalizó.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que no es necesaria la intervención de la Asamblea, “porque según la ley la organización es facultad privativa del Gobierno, así que con el decreto supremo emitido por el presidente es garantía suficiente”. Sin embargo, dejó en manos de la Asamblea considerar una ley.
El abogado Carlos Hugo Molina recordó que el Gobierno ha presentado tres decretos para la realización del Censo de Población y Vivienda. El primero estaba previsto para mañana (16 de noviembre de 2022), después se aprobó otro para mayo de 2024 y, el último para el 23 de marzo de 2024.