El informe de confiabilidad sobre los estados financieros de la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho dejó 40 irregularidades que pueden derivar en acciones administrativas y penales. El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, anunció ayer que habrá dos auditorías especiales a raíz de este reporte.
Explicó que se trata de “corregir las irregularidades” y que, en el caso de “las auditorías especiales” éstas arrojarán un resultado que definirá si, a continuación, vienen procesos administrativos y civiles, o “en su defecto, si amerita el caso, hasta procesos penales”.
El informe presentado el martes por Aguilera en una rueda de prensa estableció, por ejemplo, la existencia de “carpetas” correspondientes a los trámites de contratación de 940 funcionarios eventuales, solo en el mes de enero. Esa cifra representa un incremento del 75% de esos trámites con respecto a 2023 y duplica a los registros de 2022, cuando comenzaba la gestión de Camacho. Sobre este tema, anunció que se harán evaluaciones a este personal en función de los proyectos.
La autoridad también identificó el pago de avance de obras por montos que no cuadraban con la ejecución de esas construcciones, pero que no precisó la naturaleza de esas infraestructuras.
Eso sí, la Gobernación ayer tuvo que adherirse a un proceso penal por malversación de fondos. Así lo confirmó Carlos Eduardo Correa, actual secretario de Justicia del gobierno departamental.
En este caso está implicado Javier Porras, exdirector del Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos de la Gobernación de Santa Cruz. Es investigado por un delito de malversación de fondos públicos.
La causa no fue iniciada por la Gobernación, sino por un informe del policía anticorrupción asignado al caso que fue abierto de oficio ante indicios de irregularidades en el proceso de compra de maquinaria de perforación de pozos de agua por un monto de más de Bs 279.000.
El proceso fue abierto el 19 de febrero y por eso el Ministerio Público allanó las instalaciones de la dependencia que era dirigida por Porras. Sucedió durante la segunda semana de Aguilera como gobernador en suplencia.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Zvonko Matkovic, aseguró que los estados financieros de la gestión Camacho “son confiables” y anticipó que será enviado a la Contraloría.
“El 100% de estas observaciones que hace el auditor son subsanables, ni una recomienda que se envíe a investigación del Ministerio Público. El gobernador en suplencia, miente: Decir que la gobernación gasta el 53% de su presupuesto en sueldos es mentira. Ni nosotros como Asamblea, ni el Ministerio de Economía y Finanzas, hubiese aprobado un presupuesto que tenga ese porcentaje, esa conferencia fue un despropósito”, cuestionó Matkovic ayer a propósito del informe.
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