El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho, advirtió este lunes que 14 empresas estatales del país atraviesan una situación financiera compleja y que en 2026 deberán afrontar obligaciones por alrededor de Bs 1.025 millones con el Banco Central de Bolivia y el Fondo para la Revolución Industrial Productiva.
Según Camacho, estos compromisos corresponden a empresas que actualmente no cuentan con liquidez suficiente. “El 2026 nos han dejado una bomba molotov con el mechero encendido”, afirmó al explicar que varias firmas estatales ya presentan quiebra técnica, es decir, sus pasivos superan sus activos.
Entre los casos mencionados se encuentran la Industria Boliviana de Lácteos y la Empresa Azucarera San Buenaventura, además de otras compañías públicas que enfrentan dificultades operativas y financieras. Camacho señaló que actualmente hay ocho empresas en esta situación, pero que la proyección para 2026 es que el número alcance 14 compañías.
El ejecutivo explicó que el Gobierno analiza distintas alternativas para enfrentar este escenario. Entre ellas mencionó auditorías integrales, evaluaciones de gestión y procesos de valorización de las empresas, con el fin de determinar su situación real y definir posibles soluciones.
También indicó que se presentó al gabinete una propuesta para promover alianzas público-privadas, como una vía para mejorar la gestión o reestructurar algunas empresas estatales.
Sin embargo, Camacho advirtió que el marco legal vigente representa una limitación. Según dijo, la Ley 466 de la Empresa Pública está diseñada para que el Estado mantenga el control total de estas compañías, lo que restringe la posibilidad de aplicar mecanismos más flexibles para su recuperación o reestructuración.
“El marco legal de 20 años que nos dejan es muy entramado y va a costar encontrar soluciones”, sostuvo, al señalar que cada empresa tendrá que ser evaluada de forma individual antes de definir medidas concretas.