El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, dijo que los “extraños movimientos” bancarios a los que hacen referencia la Unidad de Investigación Financiera (UIF) no son de su conocimiento, debido a que no había recibido informes de esta unidad u otra institución y, además, las operaciones ocurrieron antes de que sea funcionario público. “Según veo en el medio de prensa, en ese año (2016) mi persona era abogado y no sabía que iba hacer fiscal departamental. No era funcionario público y menos manejaba bienes del Estado”, respondió Mariaca y aseguró que va a continuar con su trabajo de manera objetiva y transparente en el Ministerio Público. El informe del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), da cuenta de que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) emitió dos Informes Rápidos de Inteligencia (IRI) y dos Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IIFP) que involucran a 17 personas, una de ellas el fiscal Mariaca. Según esta documentación la fecha de emisión de este informe de la UIF data de 2021. De ahí pasa a la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía para luego ser trasladado al Fiscal Analítico y después al despacho del Fiscal Departamental en fecha del 1 de diciembre de 2021. La UIF realizó el estudio a las 17 personas de 2016 al 2021. Mariaca también consideró que las investigaciones que se realizan sobre casos delicados, como el de los ítems fantasmas, caso Nallar y otros de relevancia, están incomodando y causando molestias a otras personas, pero “yo voy a continuar con mi trabajo como primera autoridad del Ministerio Público y, proceso que se tenga que investigar, lo vamos a realizar”, enfatizó. La documentación forma parte de las diligencias acumuladas en las investigaciones del caso ‘ítems fantasmas’ que tiene como principales acusados a Angélica Sosa, Antonio Parada Vaca y otros altos exfuncionarios de la Alcaldía. Sin embargo, los informes no fueron conocidos, tampoco se convocó a prestar declaraciones al fiscal Mariaca, pese a que los agentes investigadores lo pidieron de manera formal, en el marco de las pesquisas abiertas por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Dentro de las conclusiones, los informes de inteligencia de la UIF señalaron que “en este esquema complejo, cabe destacar al final una conducta compleja y extraña de un presunto ocultamiento y/o simulación del origen de recursos. Ello a partir de un depósito de Bs 424.000 que realiza el fiscal departamental de Santa Cruz en la cuenta de una persona particular, que es la hija de un funcionario municipal, quien luego regresa mediante varios depósitos por un total de Bs 411.577 al fiscal departamental Roger Mariaca”. Oposición pide investigar El senador por la alianza Creemos Henry Montero dijo que el fiscal Mariaca tendría que ser apartado del cargo, porque no puede ser juez y parte, para que se pueda transparentar un proceso de investigación relacionado con los informes de la UIF. “Cuando vemos que él podría estar involucrado en el mayor acto de corrupción de Santa Cruz (caso ‘ítems fantasmas’), creo que eso nos deja preocupados porque la justica ha sido sometida. Tendrá que salir a esclarecer y a decir su verdad, pero preocupa que la instancia destinada a esclarecer los actos der corrupción estaría dentro del caso depósitos bancarios”. A su vez, la diputada Luis Nayar, por Comunidad Ciudadana (CC), adelantó que se realizará una petición de informe a la UIF para que se les detalle qué está sucediendo con estos supuestos “movimientos financieros irregulares” del fiscal Mariaca y también sobre la transparencia de estos recursos económicos. “La Fiscalía es una de las principales instancias por eso lamentamos que puedan estar involucradas en hechos de corrupción”, destacó la parlamentaria y espera que pueda haber un proceso transparente sin encubrimientos. Nayar también lamentó que los jueces, fiscales y la Policía Boliviana no tienen ningún tipo de credibilidad y, más bien, son las primeras instancias con las cuales se las relaciona con hechos de corrupción, pero espera que este hecho no quede en la impunidad como el caso del diputado MAS José Rengel Terrazas, que movió desde sus cuentas $us 51 millones a cuatro países, y no recibió ningún tipo de sanción. En tanto, el concejal por Comunidad Autonómica (C-A) Juan Carlos Medrano señaló que llama la atención los movimientos económicos registrados por la UIF al fiscal departamental, además de otras 16 personas. El legislador también recordó el caso ‘ítems fantasmas’ que lleva dos años de investigación y sin resultados porque no se ha recuperado ni un solo boliviano. “Por eso, si se comprobase que existió un manejo irregular de fondos por parte del fiscal Mariaca, está seria la respuesta del por qué el caso de los ítems se encuentra estancado”. El concejal también aclaró que lo último que se puede decir que este es un caso político sino, más bien, es un caso de investigación judicial. “El fiscal no puede lavarse las manos como lo hace el alcalde tratando de desviar la atención del tema, él tiene que decir la verdad como un miembro importante del poder judicial”, mencionó Medrano. A su vez, su colega Marcelo Vidaurre (C-A), dijo que de comprobarse el informe de la UIF se explicarían muchas cosas que tienen relación con los casos presentados por la bancada opositora en el Ministerio Público que fueron retenidos o congelados. Por otro lado, prosiguió, el caso de los ítems venía arrastrando a varias autoridades que tienen que prestar su declaración. “Insistimos que dentro del Gobierno Municipal tienen que declarar todos los que fueron concejales, incluyendo al actual alcalde”. Vidaurre también agregó que tiene que existir la instancia dentro de la Fiscalía que haga esta investigación interna. “Creemos que si tiene que intervenir la Fiscalía General del Estado tiene que hacerlo, porque es un ente investigador y esperemos que esta información que se ha hecho pública llegue a estas instancias investigativas para que el fiscal Mariaca pueda ser convocado a decir su verdad”. En tanto, el concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, dijo que este informe debe ser investigado como toda denuncia que aparece dentro del ámbito público. Alcaldía no se pronuncia El vocero de la Asuntos Jurídicos de la comuna, Bernardo Montenegro, dijo sobre el informe que son especulaciones y, por lo tanto, como institución, la Alcaldía cruceña no puede pronunciarse al respecto hasta que el informe sea subido al sistema. “Cualquier tipo de informe relacionado con la UIF es de carácter reservado. Los mismos son elaborados por esta instancia y remitidos al Ministerio Público. Por consecuente, el Gobierno Municipal en su calidad de víctima no tiene acceso hasta que sea abierto por la Fiscalía y subido al sistema”, explicó el vocero. Montenegro también señaló, sin entrar en detalle, que cualquier irregularidad relacionado con algún ciudadano debe ser investigado por el Ministerio Público, pero esto es cuando se tiene conocimiento y no como en este caso “que es una especulación” sobre supuestos informes y supuestos nombres.
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