El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Wálter Ruiz, lanzó duras críticas a la normativa vigente que regula la tierra en Bolivia y pidió a los legisladores electos de Santa Cruz avanzar en leyes que fortalezcan al sector productivo. “No importa quién tiene el fósforo, sino por dónde pasa el fuego. Eso es injusto y nos convierte en culpables por defecto”, advirtió.
Ruiz fue tajante: “La Función Económica Social hasta ahora solo sirvió para una extorsión. A muchos les va a doler la palabra, pero es la verdad”. Según explicó, el hecho de que esta figura se evalúe cada dos años genera incertidumbre y desalienta la inversión.
“Con evaluaciones bianuales la banca no quiere financiar al productor, porque asume que puede perder la tierra. Y lo peor es que basta una denuncia para activar procesos de fiscalización que carecen de objetividad”, señaló.
El dirigente recordó que hace más de seis meses el sector presentó un proyecto de ley para que la evaluación de la Función Económica Social se realice cada 10 años, pero hasta hoy el tema sigue paralizado en la Asamblea Legislativa.
Acceso a crédito y tierra
Ruiz también denunció las trabas que impiden a los pequeños productores acceder a financiamiento. Puso como ejemplo la imposibilidad de hipotecar predios menores a 500 hectáreas en ganadería o 50 hectáreas en agricultura, lo que deja fuera del sistema crediticio al 90% de los productores.
“En la ciudad, una casa de 200 metros puede ser hipotecada, pero en el campo un terreno de 50 hectáreas, no. Eso es una injusticia que nos condena a la descapitalización”, cuestionó.
El presidente de Fegasacruz sumó otra demanda: el acceso a la biotecnología. “No es un capricho, es un tema mundial. Somos el punto negro en Sudamérica: todos producen más que nosotros porque su normativa lo permite”, subrayó, al señalar que Bolivia importa alimentos elaborados con biotecnología que los propios productores nacionales no pueden usar.
Exportaciones y mercados
Ruiz también criticó las restricciones a las exportaciones y pidió la conformación de equipos técnicos para gestionar mercados internacionales. “Hoy Bolivia tiene apenas seis mercados de carne abiertos, mientras que países vecinos como Uruguay o Paraguay cuentan con más de 70. Necesitamos institucionalizar la representación comercial y dejar de lado el cuoteo político”, afirmó.
Otro de los puntos de su exposición fue la inseguridad jurídica por avasallamientos e incendios. Ruiz cuestionó el decreto 5203, que responsabiliza a los propietarios de tierras por los incendios ocurridos en sus predios aunque no sean los causantes directos.
El dirigente pidió que se reactive la Ley 1171, que permitiría determinar responsabilidades en casos de quemas ilegales y sancionar con mayor firmeza a los avasalladores.
“Los productores solo pedimos reglas claras para invertir, producir y alimentar al país. Sin seguridad jurídica ni acceso a crédito, la pequeña y mediana producción está condenada a desaparecer”, concluyó Ruiz ante diputados y senadores electos.
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