Han pasado cuatro meses y medio desde que el Gobierno y el sector empresarial acordaron de manera conjunta 10 medidas para frenar la escasez de dólares. En este tiempo, algunos sectores consultados indicaron que, si bien esto generó algo de certidumbre, factores políticos limitan el alcance de la iniciativa público-privada.
Los consultados apuntan como uno de los escenarios que dificulta la operatividad de estas medidas a la Asamblea Legislativa. Actualmente existe una división dentro de la brigada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), actual partido de Gobierno.
Un bando apoya al expresidente Evo Morales mientras que otro al presidente Luis Arce Catacora.
Estas fricciones generan inseguridad jurídica. Según el Ministerio de Planificación, el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tres nuevos proyectos de ley de financiamiento externo, cuyo monto sumado asciende a $us 290 millones, con lo que ya suman $us 920 millones en proyectos de préstamos que deben ser tratados por esa instancia legislativa.
Paquete de 10 medidas
Durante los primeros meses de 2024 la escasez de dólares que vive Bolivia se recrudeció y ante esto varios sectores anunciaron el incremento de sus precios debido al incremento de sus costos de producción, en especial el sector farmacéutico.
Esto hizo que el Gobierno junto con los empresarios acordaran 10 medidas para frenar la escasez de dólares, entre las principales fue la liberación de las exportaciones, mediante la flexibilización en la entrega de los permisos.
Una de las medidas acordadas fue la devolución inmediata de los Certificados de Devolución Impositiva a las Exportaciones (CDIMS), previa entrega de divisas por parte de los exportadores; la emisión de Bonos del Banco Central de Bolivia en dólares.
Otros acuerdos eran la agilización en la importación de diésel para empresas privadas, la promoción de la inversión privada para la construcción de plantas de biodiesel, el fomento de inversiones para mejorar el rendimiento del sector agrícola, el incremento en el peso y la longitud máxima permitida en vehículos de transporte de carga.
Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) reconoció que algunas medidas del acuerdo han tenido un impacto positivo, como la recuperación de la certidumbre jurídica y la reducción de la especulación. Sin embargo, también señaló que aún hay un largo camino por recorrer para alcanzar una reactivación económica sostenible. Explicó que es necesaria una mayor participación del sector privado en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas. Lamentó la falta de atención de la Asamblea Legislativa a temas cruciales para la reactivación económica, como la modificación de leyes y la adopción de políticas de Estado. Criticó el enfoque en debates como la eliminación de la renta de ex presidentes, mientras se descuidan temas de mayor impacto para el país. “Están distraídos cuando hay la necesidad de modificar la ley de inversiones, ley general del trabajo de 1939. Además, de un Código Tributario que ha perdido el concepto de universalidad. Hoy deberíamos estar trabajando en ampliar la base tributaria”, dijo.
Hay avances, dice el Gobierno EL DEBER consultó al ministerio de Economía sobre ¿Cuáles son los avances tras el acuerdo del 19 de febrero para frenar la escasez de dólares? En especial “la liberación de exportaciones de productos como aceite refinado, torta, aceite crudo y harina integral de soya; la emisión de bonos en dólares por parte del BCB que a la fecha alcanza a los $us 259 millones y su devolución inició esta semana a quienes adquirieron este bono a un plazo de tres meses”. Incluso se estableció “un mecanismo para facilitar la devolución de Cedeims tras entrega de divisas por parte de los exportadores”.
Desde esta cartera de Estado indicaron que “tras el acuerdo firmado denominado Acuerdo económico, productivo y empresarial, el Gobierno Nacional cumplió con la implementación de 8 de las 10 medidas acordadas”.
Otro de los puntos que se cumplió, según este ministerio, es “implementación del crédito Agro+BDP destinado a otorgar financiamiento a productores agrícolas para la aplicación de agricultura de precisión que mejore el rendimiento de sus cultivos”.
“Y con la implementación de una banda de 5% a 10% en el cobro de comisiones para transferencias y giros al exterior; las empresas privadas ya pueden importar diésel para consumo”, dijo el ministerio.
Desde esta cartera de Estado agregaron que, a través del Decreto Supremo N°5135, se dio cumplimiento a la promoción de la inversión privada en plantas de biodiésel y etanol; además, se estableció incentivos tributarios y facilidades de financiamiento para la compra de vehículos.
José Luis Farah, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Bolivia (CAO), aclaró que su sector no firmó este acuerdo, pero observa que no hay avances significativos en el cumplimiento de los puntos que fueron firmados en febrero de este año.
Explicó que, si bien algunas medidas, como la modificación de la tasa de interés de créditos bancarios del 5% al 10%, han tenido un impacto positivo, otros puntos clave del acuerdo, como las subastas de diésel, el uso de camiones bitrenes y la implementación de biotecnología, no se han concretado.
Desde el Ministerio de Economía indicaron que estas dos medidas aún están en proceso. Mientras la subasta “está en proceso de perfeccionamiento” y la segunda medida se encuentra en etapa de coordinación con los sectores involucrados para luego gestionar su aprobación mediante Ley de la Asamblea Legislativa.
Pero el titular de la CAO describió un panorama preocupante, marcado por la sequía, las inundaciones, el aumento de los insumos y la falta de acceso a crédito.
En este contexto, el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, explicó que las medidas implementadas en febrero trajeron cierta esperanza de soluciones inmediatas, como el abastecimiento de combustible, pero aún persisten varios desafíos críticos.
El acceso a divisas es una preocupación crítica. Morales describió cómo los productores deben adquirir dólares a precios superiores a los oficiales, lo que impacta negativamente en la competitividad del sector. “Hemos tenido que comprar dólares a precios que van desde Bs 7,20 hasta 8,60, lo cual es insostenible”, comentó.
El economista Germán Molina lamentó la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y el sector empresarial. Sostuvo que las medidas de carácter administrativo y económico no han logrado el impacto deseado.
Es más, alertó sobre la existencia de una inflación maquillada que se controla artificialmente mediante subvenciones y precios regulados por el Estado.