Tras ser tomado por segunda vez el predio productivo Santagro, Marcelo Aguilera, representante legal de la empresa afectada, explicó que la situación no cambió y que las personas que se asentaron de forma ilegal siguen en el lugar, impidiendo el ingreso de los trabajadores y de los propietarios. Aguilera sostuvo que están realizando los pasos legales para lograr que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y desalojen a los infractores. “Hasta el momento no hemos tenido ningún contacto con alguna autoridad gubernamental que hable del tema. Ahora estamos en la CAO para ver qué tipo de apoyo podemos lograr”, indicó Aguilera. Sobre el tema, Juan Carlos Ramos, exdirector de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, manifestó en el programa Influyentes de EL DEBER Radio, que el tema de los avasallamientos en predios productivos tienen un componente legal, estratégico-económico y político. En el aspecto estratégico-económico, Ramos precisó que este tipo de delitos con la toma de tierras no se da en cualquier zona del país, sino que justamente el objetivo son las tierras productivas que tienen la capacidad de garantizar la seguridad alimentaria de Bolivia. También precisó que la fuerza policial en Santa Cruz se ve disminuida, debido a que los efectivos encargados para estos hechos delictivos no tienen experiencia. “La capacidad humana no cubre y no alcanza para neutralizar estas acciones de avasallamientos. No hay suficientes efectivos”, sostuvo Ramos. En cuanto al componente político, según el coronel retirado de la Policía Boliviana, tiene que ver con la decisión gubernamental de no aumentar la cantidad de policías que respondan a las necesidades del departamento, donde se cuenta con menos de 8.000 efectivos, cuando en La Paz no son menos de 20.000. “Todo esto obedece al objetivo de afectar económicamente a la zona oriental. En los avasallamientos hay un trasfondo político”, remarcó Ramos.
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