Casi todo el país clama por un nuevo gobierno para Bolivia, debido a la aguda crisis que, a partir de esta semana, sacará a las calles a distintos sectores a reclamar por el alto costo de los alimentos y la escasez de combustibles, principalmente.
Solo faltan 75 días para las Elecciones Generales y el próximo viernes se conocerá la lista de candidatos habilitados. El que gane tendrá -entre las duras tareas que debe enfrentar- estabilizar la deteriorada economía que se proyecta, terminará 2025 con un lánguido crecimiento de apenas 1,1%, acompañado de una inflación anual de más del 15%, según el último informe sobre Bolivia, del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el Centro Boliviano de Economía (Cebec-Cainco) el ajuste estructural que debe realizar el nuevo gobierno requerirá al menos dos años para estabilizar la economía y sentar las bases del crecimiento, siempre que exista voluntad política y pacto social. Y una de las primeras tareas será elaborar un programa de ajuste macroeconómico integral e inmediato, acompañado de medidas de emergencia para reactivar la inversión privada y facilitar el acceso a divisas.
Entre las prioridades, según el Cebec, están la recomposición del equilibrio fiscal y monetario, limitando el financiamiento inflacionario y mejorando la eficiencia del gasto público; corrección cambiaria progresiva, avanzando hacia un tipo de cambio más flexible; incentivos claros a la inversión privada, eliminando trabas regulatorias, y el relanzamiento del sector exportador, priorizando sectores transables como agroindustria, cárnico, forestal, servicios digitales y turismo.
“La experiencia regional indica que las crisis de balanza de pagos requieren al menos tres años para estabilizarse, y más para recuperar niveles previos de bienestar. Será crucial un acuerdo nacional amplio, basado en consensos mínimos que incluyan medidas fiscalmente responsables, sin afectar a los más vulnerables. El nuevo Gobierno debe liderar un pacto económico y social que articule al sector privado, sindicatos, movimientos sociales y gobiernos subnacionales, con una narrativa clara y transparente sobre los costos y beneficios del ajuste”, señaló la entidad.
El economista Alberto Bonadona coincidió con el Cebec al afirmar que se necesitará un par de años para estabilizar la economía y que la primera tarea debe ser “igualar” la cotización del dólar oficial y el dólar paralelo o de mercado, que debe llegar de la mano con el levantamiento de las subvenciones, de combustibles principalmente.
“Pero también tiene que, inmediatamente, realizar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque Bolivia necesita al menos, en mis cálculos, 6.000 millones de dólares para regularizar, tanto el problema de las reservas, el problema deficitario y las deudas que se tiene con el Banco Central (BCB), así como todo lo que supone importaciones de combustibles y otros insumos y bienes de capital y de consumo”, puntualizó Bonadona.
Consideró que, en caso de ser necesarias medidas de ‘shock’, la población las aceptará porque está cansada de vivir en las actuales condiciones. “La gente está agotada por las condiciones que van en contra de su bienestar, como son los niveles de precios que cada vez están subiendo. Las colas por combustible ya cesarían y eso yo creo que va a contribuir a que la gente sí acepte las medidas de shock, sobre todo, los sectores más vulnerables”, señaló.
Seguridad para inversionesDesde la Cámara Nacional de Industrias (CNI) consideraron que las primeras medidas del nuevo gobierno deben ser generar las condiciones propicias para promover la seguridad jurídica y estabilidad económica para las empresas privadas y las familias en un contexto de respeto a la propiedad privada e impulso de la libertad en los mercados.
“Se requiere una nueva institucionalidad que impulse nuevas normas sobre inversiones, impuestos, Ley General del Trabajo, Ley de Exportaciones, Ley del Turismo, Ley de Conciliación y Arbitraje. En materia económica se deben sincerar los precios de los principales productos de la economía como es el tipo de cambio, el precio de los hidrocarburos y la liberación de las exportaciones”, señalaron desde la institución.
Al mismo tiempo, para generar mayores ingresos, la CNI planteó que se requiere potenciar el aparato productivo para abastecer la demanda interna y exportar. “A su vez, es necesario equilibrar los gastos del Estado tanto en sus inversiones como en sus gastos corrientes (sueldos y salarios). Si no se incrementan los ingresos del país frente a sus gastos es indudable que se deberá recurrir al financiamiento o endeudamiento externo”, agregó.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Juan Carlos Vargas, también adelantó que serán necesarios dos años para reencauzar, tanto la micro y macroeconomía y que el nuevo presidente del Estado debe gozar de la confianza de la comunidad internacional.
“Eso para nosotros es fundamental para que, de esa forma, puedan inyectarse nuevos recursos, por ejemplo, en tema de apertura de mercados, no solamente con los países vecinos, sino también para el mundo entero. Es importante que podamos impulsar a nuevos exportadores de sectores no tradicionales, porque hay bastante mercado”, sugirió.
Al mismo tiempo, sostuvo que será necesario inyectar financiamiento, créditos blandos a los sectores productivos y un perdonazo tributario. “Paralelamente hay que ir trabajando en un nuevo régimen impositivo que es importante actualizarlo, porque el que tenemos tiene más de 30 años (...). Estamos en un mundo mucho más dinámico, el comercio interno y externo es mucho más rápido, entonces es importante considerar estos aspectos”, apuntó Vargas.
En tanto, César Gonzáles, ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, subrayó que estabilizar la economía tomará unos tres años y coincidió con Vargas, que una de las primeras medidas del nuevo gobierno debe ser un perdonazo aduanero e impositivo para que el dinero empiece a circular, porque muchos comerciantes y empresarios tienen sus cuentas congeladas.
Desde su sector, indicó que pueden surgir unos $us 10.000 millones para la economía si se regulariza la propiedad privada. “Me refiero a dos temas en específico. El primero, el tema de los puestos de venta en los mercados, que son regulados por las alcaldías cuando debería ser ya del comerciante para poder sacar créditos mediante ellos. Si hablamos de todos los puestos que existen en el país, considero que pueden ingresar más de 10 mil millones de dólares, solo haciendo entrar esa plata mediante los comerciantes”, aseguró.
En ese sentido, consideró que se daría seguridad jurídica al gremial y la forma sería mediante comodato por 30 años. “Es como tener un trabajo seguro, eso es hacer circular plata. Y estamos hablando de miles y miles y miles de compañeros en todo el territorio nacional”, resaltó Gonzáles.
Por último, sugirió que se debería aprobar el uso de la biotecnología para producir alimentos. Dio el ejemplo de Perú, que en una hectárea cosecha 20 toneladas de papa, mientras que en Bolivia solo se producen siete.
Uno de los pilares del gobierno del presidente Luis Arce es el proceso llamado Industrialización, que pretende construir más de 170 industrias con una inversión de más de Bs 24.800 millones durante su gestión. Sin embargo, muchas de ellas han mostrado déficit y se duda sobre su competitividad.
Alberto Bonadona planteó que algunas se pueden rescatar, pero otras no resistirán una prueba real de mercado. “Habrá que analizarlas dos veces si efectivamente tienen alguna viabilidad y que puedan competir internacionalmente. Otras van a morir de inanición porque no van a tener mayores posibilidades en el momento que se liberalice el mercado internacional y tengan que competir con otro tipo de empresas mucho más eficientes”, advirtió.
Para el Cebec-Cainco, siguiendo los lineamientos de la Ley 466 de Empresas Públicas, deben reestructurarse o cerrarse si no tienen rentabilidad social o económica.
“Las restantes deben profesionalizarse y operar bajo principios empresariales (...). Se propone incluso su apertura al capital privado o reconversión a modelos de gestión mixta si cumplen una función estratégica”, remarcó al hacer notar que más del 70% de las empresas públicas operan con pérdidas y sin impacto social claro.
De su lado, la Cámara Nacional de Industrias consideró que el Estado no debe crear empresas públicas, sino dedicarse a regular las actividades económicas para promover la iniciativa privada. “El sector privado es el que debe impulsar la economía con la creación de empresas”, profundizó.