La Gestora Pública tuvo buenos números tras la fiscalización financiera a cargo de la empresa Delta Consult, sin embargo, analistas piden que los datos de la rentabilidad, generada por las inversiones se hagan públicas.
Jaime Durán, gerente general de la Gestora Pública, detalló que los números de la auditoría reflejan que entre 2023 a 2024, el patrimonio de los fondos alcanzó los Bs 187.791 millones, lo que representa un 8% de crecimiento.
Mientras que, el Fondo de Ahorro Previsional, que representa los aportes de los trabajadores, cerró con Bs 117.772 millones, es decir con una mejora del 8%; el Fondo de Vejez, que es el que otorga las prestaciones a los jubilados, logró Bs 25.711 millones, un incremento del 8%; el Fondo de Colectivo de Riesgos, que otorga las pensiones por invalidez y muerte, creció el 1% con Bs 13.458 millones; mientras que, el Fondo Solidario que es el que permite incrementar las pensiones más bajas tuvo un incremento de un 9%, al cerrar con Bs 30.850 millones.
Asimismo, Durán sostuvo que la auditoría ratifica la solidez del Fondo de la Renta Universal de Vejez que paga la Renta Dignidad, que logró en 2024 un patrimonio de Bs 932 millones, que significa una mejora del 48%, en relación con 2023.
Al respecto, David Villarreal, experto en temas jubilatorios, sostuvo que es positivo que el informe de la auditoría que indica que los estados financieros no tengan observaciones y que cumpla con las normas contables emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS); con lo que se da cumplimiento a lo que indica el Artículo 161 de la Ley de Pensiones 065, respecto a la Auditoría Externa. Asimismo, resaltó el incremento de cada uno de los fondos administrados por la Gestora Pública.
“Sin embargo, para llegar a la conclusión de que la Gestora Pública realmente tiene una administración responsable, se debe hacer una evaluación y análisis integral, y no solamente de los estados financieros, ya que hay varias observaciones que se deben tomar en cuenta”, observó Villarreal.
A tiempo de detallar que se debe poner un límite a la presencia estatal en las inversiones que realice la empresa pública y tener trasparencia en la información de las inversiones para conocer cuál es la rentabilidad la Gestora Pública.
Otro punto que observó es que hasta la fecha la Gestora Pública no tiene Directorio, incumpliendo lo que manda la Ley de Pensiones 065, que en el artículo 153 indica que el Directorio es la Máxima Autoridad de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, responsable de definir políticas, normas internas y la fiscalización de éstas; así como de establecer estrategias administrativas, operativas, de inversiones y financieras.
Sobre el tema, Rodolfo Ayala, representante de la Confederación de Jubilados de Bolivia, observó que esta auditoria solamente muestra que tenemos un fondo de Bs 187.791 millones, pero faltan otros datos que serán solicitados por la organización.
“Como Confederación queremos saber ¿qué pasó con las transferencias de las AFP a la Gestora Pública? En la auditoria se tendría que haber conocido qué empresas, instituciones o el Estado tiene deuda en mora a la Gestora Pública”, manifestó Ayala.
Finalmente, dijo que se está solicitando un informe técnico - administrativo del manejo en la Gestora Pública para conocer cómo se están haciendo las inversiones, quiénes son los que deben, cuánto es el dinero que se está manejando y cuánto es la ganancia de las utilidades.
Otras observaciones
Durán remarcó que tras finalizada la auditoría externa a los estados financieros de los Fondos de Ahorro Previsional, Fondo de Vejez, Fondo de Riesgo Colectivo, Fondo Solidario y el Fondo de la Renta Universal de Vejez, “la misma expone que la opinión es limpia”.
“Eso quiere decir que la transparencia del trabajo realizado en cuanto al manejo responsable de los aportes de los trabajadores, es la correcta”, sostuvo Durán.
Al respecto, Raúl Paz, experto en asistencia social, indicó que uno de los cambios necesarios es que la Gestora respete las normas vigentes y que tenga la independencia para evitar que el Ejecutivo, “cambien las reglas cuando de invertir en bonos soberanos se trata”.