¿Cuánto dinero alcanza al mes para vivir después de toda una vida de trabajo? En Bolivia, la respuesta es incómoda y, para muchos jubilados, insuficiente. Un trabajador que aportó durante 25 años puede recibir una renta mínima de Bs 1.520; con 21 años de aporte, Bs 1.288. En casos con menor densidad de aportes, el ingreso puede incluso quedar por debajo de los Bs 1.000. Ese es el monto con el que miles de adultos mayores deben cubrir alimentación, salud, transporte y servicios básicos en un contexto donde el costo de vida sigue en ascenso.
En la práctica, ese ingreso apenas alcanza para cubrir una canasta básica. Solo en alimentos, un adulto mayor puede destinar más de la mitad de su renta mensual, mientras que los gastos en medicamentos, consultas médicas y servicios básicos terminan absorbiendo el resto. En muchos casos, los jubilados dependen del apoyo de sus familias o deben reducir gastos esenciales para llegar a fin de mes.
La pregunta, entonces, deja de ser técnica y se vuelve cotidiana: ¿alcanza para vivir? Para una gran parte de los jubilados, la respuesta es no. Y el problema no radica únicamente en el monto nominal de la renta, sino en su pérdida de valor frente a la inflación, que erosiona mes a mes la capacidad de compra.
Rentabilidad que no alcanza
En ese contexto, la rentabilidad de los fondos de pensiones adquiere un papel central. La Gestora Pública cerró la gestión 2025 con un rendimiento anual de 4,5% sobre una cartera de Bs 201.565 millones. Sin embargo, este porcentaje se ubica muy por debajo de la inflación acumulada, que superó el 20% y actualmente ronda el 17,4%. En términos reales, esto implica que el dinero de los aportes no solo crece poco, sino que pierde capacidad de compra.
Esto se traduce en una pérdida silenciosa pero constante. Cada mes la renta rinde menos para alimentos, menos medicamentos, menos margen para enfrentar emergencias. La inflación no solo encarece la vida, también reduce el valor real de los ahorros acumulados durante décadas de trabajo.
Jubilados y expertos coinciden en que las cifras reflejan una rentabilidad negativa. Es decir, aunque los fondos generen rendimiento nominal, ese crecimiento no alcanza para compensar el aumento sostenido de los precios. El resultado es concreto: el poder adquisitivo de las pensiones se reduce.
“El incremento de estos dos años se puede calcular con la inflación; estamos perdiendo prácticamente más del 50% de capacidad adquisitiva”, afirmó el representante de los jubilados de La Paz, Fernando Uzeda.
Desde el sector, la preocupación es creciente. Rodolfo Ayala, dirigente de la Confederación de Jubilados, advierte que los rendimientos actuales no solo son bajos, sino que se traducen en pérdidas reales. “Nos están pagando con el 4% de interés, mientras otros sectores ganan más”, sostuvo.
Riesgo en inversiones
La comparación histórica refuerza esa percepción. Hace dos décadas, la rentabilidad de los aportes superaba los 10 puntos porcentuales. En 2002 se registró un pico de 18,6%. Sin embargo, desde 2009 no se volvieron a alcanzar esos niveles y en 2018 se marcó el mínimo, con apenas 1,7%, según datos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). La tendencia, desde entonces, muestra rendimientos más bajos en un contexto económico cada vez más exigente y con mayores presiones inflacionarias.
Para los economistas, el problema no puede analizarse de manera aislada. Fernando Romero explica que, con una inflación cercana al 20%, el rendimiento de 4,5% “no llega a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los aportantes, rentistas y jubilados”, lo que configura una rentabilidad real negativa.
En la misma línea, Germán Molina advierte que el rendimiento “no logra compensar de ninguna manera” el actual contexto inflacionario y que factores externos, como conflictos internacionales y presiones en los mercados energéticos, podrían agravar la situación en el corto plazo.
Federico Zelada, investigador de la ONG Flora Tristán, añade que el sistema requiere una rentabilidad mínima cercana al 5% para garantizar pensiones dignas. Por debajo de ese nivel, el impacto es directo. “Todo lo que está por debajo del 5% implica que las pensiones van a bajar”, sostuvo. Al descontar la inflación, estima que la pérdida del poder adquisitivo puede situarse alrededor del 16%.
Inversiones y límites
Desde la Gestora, el gerente general Marcelo Fernández reconoce el escenario, pero lo atribuye a factores estructurales. Explica que la rentabilidad actual responde a una cartera construida durante más de dos décadas, con inversiones antiguas a tasas más bajas que continúan influyendo en el promedio general.
“El rendimiento es 4,5% y la inflación está alrededor del 17%. Entonces, evidentemente, el valor del dinero ya no cubre la inflación”, admitió.
Uno de los principales factores que limita mayores rendimientos es la estructura de las inversiones. Actualmente, el 96% de los fondos está en moneda nacional y solo el 4% en activos internacionales. Esta composición reduce la capacidad de proteger los recursos frente a la devaluación y el riesgo país, además de limitar el acceso a mercados más rentables.
“Es un riesgo tener todo en bolivianos, pero es un proceso que viene de 20 años”, señaló Fernández, quien también reconoció que la escasez de dólares dificulta ampliar la inversión en el exterior.
Para los analistas, la denominada “bolivianización” de los fondos restringe las opciones de inversión. Zelada advierte que este esquema “encadenó” los recursos al mercado interno y limita el acceso a instrumentos financieros más competitivos. Romero coincide en que la baja exposición internacional reduce la capacidad de proteger los aportes frente a escenarios adversos.
La estructura actual de la cartera refleja esta concentración. Alrededor del 46% de los recursos está colocado en el sistema financiero, principalmente en depósitos a plazo fijo, mientras que un 36% se encuentra invertido en bonos del Tesoro. El restante se distribuye en el sector privado no financiero, con un 11%, y en inversiones en el exterior, que apenas alcanzan el 4%.
Presión sobre el sistema
En este contexto, los expertos coinciden en que el sistema enfrenta límites estructurales. La normativa vigente, particularmente el artículo 140 de la Ley 065, restringe la diversificación de las inversiones al canalizarlas principalmente a través del mercado de valores y concentrarlas en el ámbito interno. Esto, según los analistas, impide acceder a activos más rentables y limita las posibilidades de mejorar los rendimientos en el mediano plazo.
Zelada señala que desde hace dos años se envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la ley de pensiones que busca ampliar las opciones de inversión y permitir una mayor apertura hacia mercados internacionales; sin embargo, el proyecto no avanzó.
Romero considera que el sistema necesita una modernización integral. Advierte que, si bien actualmente funciona, enfrenta riesgos claros a futuro: baja rentabilidad real, alta concentración en el mercado local, crecimiento acelerado del número de jubilados y una dependencia indirecta del Estado.
En paralelo, las cifras del sistema muestran un crecimiento en volumen, pero no necesariamente en calidad. En 2025, la cartera administrada alcanzó Bs 201.565 millones, frente a Bs 188.060 millones en 2024, lo que representa un crecimiento del 7,18%. Este incremento responde principalmente al aumento de la recaudación y a la acumulación de rendimientos.
En cuanto a la base de aportantes, el número de asegurados llegó a 2.794.751 personas, con un crecimiento de 2,4%. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de los jubilados es mayor: el sistema registra 250.189 beneficiarios, con un incremento de 6,43%. Esta diferencia evidencia una presión progresiva sobre el sistema.
La recaudación anual también mostró un comportamiento positivo. En 2025, la Gestora captó Bs 13.538 millones, lo que representa un aumento del 7,2% respecto a la gestión anterior.
Por el lado de las obligaciones, el sistema destina mensualmente alrededor de Bs 670 millones al pago de pensiones. A esto se suma la Renta Dignidad, que benefició a más de 1,2 millones de personas en 2025, con un desembolso de Bs 5.304 millones.
La pregunta de fondo
El sistema funciona, las pensiones se pagan y los recursos crecen en volumen. Pero la pregunta de fondo sigue abierta y cada vez se vuelve más urgente: ¿ese dinero alcanza para vivir con dignidad?
Para miles de jubilados, la respuesta ya no está en las cifras ni en los porcentajes, sino en su vida diaria. La renta llega, pero cada vez compra menos. Lo que antes alcanzaba para cubrir lo básico, hoy obliga a ajustar, recortar y priorizar. En un país donde envejecer debería ser sinónimo de descanso, la realidad muestra que, para muchos, la jubilación se ha convertido en una etapa de incertidumbre económica permanente.