La distribución de gasolina de mala calidad, con denuncias de daños a motores, y los presuntos sobreprecios millonarios en la compra de petróleo crudo y diésel complican la nueva gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La demanda desde el Legislativo y el sector del transporte va desde investigaciones penales y parlamentarias hasta la advertencia de un amparo constitucional y pedidos de destitución de autoridades.
Hace una semana, el Gobierno reconoció fallas en la calidad del combustible, pero atribuyó el problema a residuos acumulados en tanques y procesos heredados de gestiones anteriores.
Pese a que el Gobierno indicó que se activó un seguro solidario con UNIBIENES esta semana para reparar los vehículos dañados por la mala calidad de la gasolina, aún no presentan los puntos donde se harán estas reparaciones.
Al respecto, el dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, señaló que miles de vehículos a nivel nacional reportaron daños por la gasolina de mala calidad y señaló que el sector exige una reparación civil directa por los perjuicios económicos sufridos. También advirtió que el sector analiza la presentación de un amparo constitucional y movilizaciones por la falta de respuestas y transparencia de las autoridades.
“Tiene que existir una reparación civil. En todo caso nosotros analizamos con el equipo jurídico hacer un amparo constitucional, porque lamentablemente ya se están haciendo la burla del autotransporte quieren dilatar el tema, no quieren dar solución. Si el Gobierno no da repuesta hasta mañana, una respuesta viable o factible nos vamos a tener que movilizar”, aseveró.
El sector del transporte pide información sobre la cobertura del seguro solidario, si incluirá repuestos y solo mano de obra y los requisitos que deben presentar, pero sobre todo enfatiza que debe cubrir un resarcimiento para quienes ya asumieron los costos de reparación por su cuenta.
En medio de las denuncias, la empresa Camín Cargo Control Argentina, contratada por YPFB para el servicio de inspección de cantidad y calidad de combustibles importados, negó irregularidades en sus contratos con la estatal y solicitó una auditoría técnica conjunta.
La firma aseveró que fue adjudicada mediante licitación pública y que sus análisis no detectaron contaminantes en las muestras de gasolina, señalando que su rol se limita a la inspección cuando YPFB lo solicita. La empresa afirmó que cuenta con todas las actas de conformidad y recepción emitidas por la estatal petrolera y que en el mes de enero se tomaron 24 muestras de gasolina bajo estándares internacionales.
Presunto sobreprecio
En paralelo, legisladores de cuatro fuerzas políticas activaron una ofensiva política y judicial por presuntos sobreprecios en la importación de combustibles, con peticiones de informe, denuncias penales ante el Ministerio Público y la propuesta de comisiones especiales de investigación, además de pedidos de destitución de autoridades del sector.
De acuerdo con las denuncias de los parlamentarios, YPFB habría pagado presuntos sobreprecios en la importación de petróleo crudo por aproximadamente $us 4 millones mensuales y en la importación de diésel por un monto estimado de Bs 50 millones, equivalente a $us 7,2 millones en los primeros meses de gestión, ambos casos con la empresa Trafigura.
Los diputados Claudia Herbas y Rolando Pacheco, de Alianza Popular, presentaron una denuncia penal contra el presidente de YPFB, Yussef Akly, por posibles delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“No podemos tener un presidente de YPFB que no cumple con sus deberes, que nos arruina los carros con gasolina en mal estado y ahora nos encontramos con este sobreprecio de $us 4 millones al mes”, apuntó Herbas.
En una petición de informe a YPFB, el diputado de Unidad Carlos Alarcón solicitó se explique por qué se pasó de pagar $us 9,10 por barril de petróleo en Pocitos y $us 18,41 en Arica a la empresa Botrading, a pagar $us 20,88 por barril en Pocitos y $us 22,82 en Arica a la empresa Trafigura.
El legislador también anunció que se conformará una comisión especial de investigación para investigar las denuncias de mala calidad de gasolina y sobreprecios.
Desde la bancada Libre, la diputada Lissa Claros denunció además sobreprecios en la importación de diésel, estimando que el daño económico podría alcanzar 50 millones de bolivianos en los primeros tres meses de gestión.
“Con estas tres denuncias gravísimas con la gasolina de mala calidad, sobreprecio en el crudo y sobreprecio en la importación de diesel, es importante que el presidente tome acciones inmediatas como la destitución del ministro de hidrocarburos y del presidente de YPFB Yussef Akly”, expresó.
Desde el PDC, la diputada Patricia Patiño informó que presentó peticiones de informe al Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH, cuestionando los contratos y proveedores. Además, señaló que no solo se deben exigir destituciones, sino también responsabilidades económicas por los daños causados.
En este contexto, YPFB rechazó versiones sobre supuestos sobreprecios en procesos de compra de crudo y condensado y aseguró que durante la actual gestión no se firmó ningún contrato con la empresa Trafigura. La estatal aclaró que en el proceso PAC 5096, para los puntos de entrega DAP Arica y DAP Pocitos, la menor oferta fue presentada por Trafigura; sin embargo, precisó que el proceso sigue en revisión técnica, jurídica y documental, por lo que no existe ningún contrato firmado, y anunció acciones legales para defender su nombre y los intereses del Estado.