Los jubilados quieren ser parte de la administración de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). El viernes, la Confederación Nacional de este sector pidió que el Gobierno cumpla lo establecido en la Ley 065, que establece que el sector sea el fiscalizador de la nueva entidad que administrará estos recursos.
Desde el próximo 15 de mayo, los recursos del SIP pasarán a manos de la Gestora Pública, en vez de los Administradores de Fondos de Pensiones (AFP), Futuro y Previsión, que manejaron estos recursos desde 1997.
Pero esta medida ha generado mucha susceptibilidad en varios sectores que desconfían del manejo de los recursos por parte de la entidad estatal.
En este contexto, el secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados, Rodolfo Ayala, explicó que su sector demanda el cumplimiento de la Ley 065 para participar de la administración de la Gestora Pública a fin de garantizar las pensiones de los jubilados y de los activos cuando se jubilen, señala un reporte de Erbol.
El dirigente observó que muchas personas cuestionan el funcionamiento de la Gestora Pública sin conocer que dicha entidad viene desde la Constitución Política, consolidada en la Ley 065 y los Decretos Supremos 2248 y 4585.
“Lo que nosotros queremos es que se cumpla la norma, desde el Artículo 153 de la Ley 065, que indica que los activos y los jubilados tenemos que administrar a la Gestora Publica para garantizar las pensiones, por lo tanto, tenemos que ser parte fiscalizadora”, declaró a Erbol.
Según este artículo, el directorio es la Máxima Autoridad de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, responsable de definir políticas, normas internas y la fiscalización de éstas.
Tanto el presidente como los cuatro directores serán designados por el presidente del Estado de ternas aprobadas por dos tercios de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados.
Su mandato será de cinco años, no pudiendo ser reelegido sino después de transcurrido un período igual, además que los directores serán sustituidos periódicamente a razón de uno por año, aunque aclara que estos períodos no se aplican al primer Directorio.
El dirigente identifica posturas políticas en algunos criterios sobre el funcionamiento de la Gestora Pública, sin que nadie haya leído la Ley de Pensiones y “recién deben estar leyendo estos caballeros que observan”.
En relación al incremento de rentas anunciado por la Gestora, manifestó que no existe tal aumento, sino que, por normativa vigente, se descuenta a los activos el 0,5% por concepto de administración y el 1.31% a los jubilados.
Ese es “supuesto incremento”, explicó que solo quitan el descuento que puede significar 16 bolivianos a los que reciben una pensión de Bs 1.000 y entre 34 y 35 bolivianos a los que perciben de 3.000 a 3.500 bolivianos. En todo caso anunció que los jubilados sostendrán la próxima semana un ampliado para evaluar el alcance de las negociaciones con el Gobierno y asumir una posición en torno a un proyecto de ley corta que fue entregada a la Asamblea en relación a las pensiones.