La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció este jueves la invasión armada del predio agrícola Santa Rita, en el departamento de Santa Cruz, por parte de grupos irregulares que impiden el inicio de la siembra de maíz y sorgo. Según la organización, se trata del cuarto avasallamiento registrado en la propiedad, pese a contar con medidas precautorias emitidas por la justicia boliviana que prohíben cualquier intento de ocupación y ordenan el desalojo inmediato en caso de intrusión. “El predio ha sido nuevamente invadido por personas encapuchadas y armadas. Esto constituye un ataque directo al derecho a producir”, afirmó Jaime Hernández, gerente general de Anapo. La asociación advirtió que estas acciones forman parte de una estrategia para forzar la toma definitiva del terreno. La propietaria del predio, Melisa Barba, declaró que los ocupantes han actuado con creciente violencia y amenazaron al personal agrícola. “Nos preocupa profundamente la inacción de las autoridades, pese a que los responsables están identificados”, dijo. La Hacienda Santa Rita cuenta con medidas precautorias y una orden de desapoderamiento emitida por autoridad judicial competente, que prohíben expresamente cualquier intento de avasallamiento e instruyen a la Policía el desalojo inmediato en caso de ocupación. Pese a ello, el predio volvió a ser invadido por grupos violentos que amenazaron a trabajadores y propietarios, generando zozobra e impidiendo el trabajo agrícola. “La propiedad ha sido avasallada por cuarta vez, cada vez con mayor violencia. Claramente su objetivo es apoderarse de todo, actuando de manera organizada. Nos preocupa profundamente la inacción de las autoridades, que tienen pleno conocimiento de los hechos y de los nombres de los responsables. Hacemos un nuevo llamado urgente para que se tomen medidas efectivas” afirmó Barba. “Sin respeto al Estado de derecho y sin seguridad jurídica, la producción de alimentos en el país está en riesgo”, concluyó Hernández.
Anapo exigió al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana que ejecuten la orden judicial de desalojo y garanticen condiciones de seguridad para el desarrollo de la actividad productiva.
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