El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, cuestionó duramente el reciente fallo judicial que concede tutela a comunidades campesinas de Nor Lípez en Potosí, y que pone en pausa los contratos firmados con empresas extranjeras para la prestación de servicios tecnológicos en la industrialización del litio boliviano.
“Lamentamos como Gobierno Nacional este fallo, porque al final del día el perjudicado es el país”, afirmó el ministro, durante una conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo.
Montenegro aclaró que las empresas involucradas no están realizando inversiones directas, sino que fueron contratadas para prestar servicios tecnológicos relacionados con la extracción del litio. En su criterio, el fallo retrasa el progreso económico de departamentos estratégicos como Potosí y Oruro.
“Estas empresas no están haciendo inversiones, sino van a prestar servicios. Se trazan el progreso tanto de Oruro como de Potosí”, advirtió.
El titular de Economía también apuntó a la responsabilidad de otros actores políticos por no respaldar oportunamente el avance del proceso de industrialización del litio.
“Vemos ahí una postura política cuando no se ve la necesidad ni la importancia de que las regiones puedan desarrollarse a partir de estos recursos tan importantes como el litio”, afirmó Montenegro.
El ministro aseguró que el Gobierno Nacional cumplió con su parte al remitir los contratos a la Asamblea Legislativa para su revisión y aprobación, pero lamentó que desde ese poder del Estado no se haya dado el respaldo necesario.
“El Gobierno ya descarga su responsabilidad. La Asamblea no le ha tomado la importancia debida. Hacemos un retroceso con este fallo judicial”, expresó.