El Gobierno de Rodrigo Paz dispuso la eliminación de 161 decretos que permitían la contratación directa en el sector público y promulgó el Decreto Supremo 5600 que impone restricciones a este mecanismo. El Ejecutivo estima un daño que supera los $us 96 millones por obras y bienes adjudicados mediante esta modalidad en gestiones pasadas.
“Fueron 161 decretos por más de $us 96 millones y por más de Bs 7.930 millones. De estos 161 decretos, 105 son sin monto, es decir, instrumentos que están vigentes y que podían ser utilizados en todo momento para poder dar adjudicaciones sin licitación a quien se le ocurra a la autoridad de turno y así lo hicieron, por eso llegaron a estos 161 decretos”, expresó el ministro de la Presidencia José Luis Lupo.
La decisión de restringir el uso discrecional de las contrataciones directas fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5600, que abroga y deroga disposiciones que autorizaban contrataciones directas bajo normativa específica distinta al Decreto Supremo N° 0181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, considerado el marco general del sistema de compras estatales en el país.
¿Qué cambia?
Con la vigencia del Decreto N° 5600, las entidades públicas deberán regirse principalmente por el Decreto Supremo N° 0181, que establece procedimientos de licitación y contrataciones más estructuradas.
Sin embargo, la norma mantiene excepciones para contrataciones directas autorizadas por Ley y que se encuentren reglamentadas por Decreto Supremo, y para contrataciones realizadas en el exterior.
Analistas coincidieron en que la eliminación de los decretos constituye una señal positiva para ordenar el sistema de contrataciones, aunque advirtieron que el impacto real dependerá de la profundidad de las auditorías y de la institucionalidad encargada de ejecutarlas.
El exsenador Óscar Ortiz valoró la decisión de eliminar las normas que permitían la contratación directa, al considerar que este mecanismo se había convertido en una práctica generalizada en el sector público.
“Lo que debía ser una excepción se convirtió en la regla. Si vemos en los mecanismos de la ley SAFCO, las compras directas solo son permitidas para compras menores o para situaciones de emergencia declaradas como tales, y para muy pocos conceptos”, afirmó, y señaló que la falta de competencia y transparencia en estos procesos generó condiciones propicias para el favoritismo y la corrupción.
Durante su mandato como legislador presentó un estudio en el cual identificó 110 decretos supremos que autorizaron la contratación directa entre 2007 y 2019, de esta cantidad de normas solo sólo 35 establecían montos claros y más de 70 no especificaban cuánto dinero público se comprometía. Entre los casos llamativos se observó que una sola empresa se adjudicó más de 30 contratos en un periodo de cinco años en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
Ortiz sostuvo que, en ausencia de licitaciones, las adjudicaciones podían responder a relaciones personales o intereses indebidos, y mencionó que en gestiones pasadas incluso se utilizó la figura de empresas públicas “estratégicas” para justificar contrataciones directas de forma recurrente.
Por su parte, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, calificó el decreto 5600 como “una buena señal” orientada a recuperar la institucionalidad y transparentar la gestión pública.
“Las contrataciones directas irrumpieron con todo tipo de procedimientos y controles y, por lo tanto, son susceptibles a corrupción”, señaló Nuñez.
El experto espera que con el decreto 5600 se vaya rompiendo los vínculos personales y políticos que se establecieron en los últimos 20 años y que crearon una estructura de “poder y corrupción”.
El Decreto 5600 también instruye a los ministerios realizar un relevamiento de todas las contrataciones directas efectuadas bajo estos mecanismos, incluyendo aquellas ejecutadas por entidades dependientes, además de las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) y las Empresas Públicas bajo dependencia del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM).