En una conferencia de prensa este martes, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, acusó a la Asamblea Legislativa de obstaculizar tres proyectos de ley fundamentales para regular la tenencia de tierras, frenar los avasallamientos y consolidar la seguridad jurídica en el área rural. Según la autoridad, estas iniciativas llevan más de un año y medio sin ser tratadas, pese a su impacto social y económico.
“El Gobierno no ha improvisado. Hemos presentado tres leyes que garantizan seguridad jurídica y soberanía sobre la tierra, pero la Asamblea no ha querido tratarlas, por intereses políticos y cálculos electorales”, afirmó en tono crítico.
Las tres leyes bloqueadas
La primera iniciativa —la Ley 523/2023— busca regular la posesión de tierras rurales por parte de personas extranjeras, tanto naturales como jurídicas. Según el ministro, aunque la Constitución prohíbe la dotación de tierras a extranjeros, aún no hay una norma que impida la transferencia de propiedades ya tituladas entre privados, lo que genera vacíos legales.
“La ley pretendía cerrar esa brecha. Pero fue frenada, incluso por diputados que hoy hablan de seguridad jurídica cuando tuvieron en sus manos la solución. ¿Será que están planificando un futuro gobierno de derecha que permita a extranjeros adueñarse de nuestras tierras?”, se preguntó.
La segunda norma propuesta apuntaba a permitir que pequeños propietarios agrícolas puedan migrar a la categoría de mediana propiedad y acceder así a créditos. “Hay productores con 5, 10, hasta 50 hectáreas que no pueden acceder a financiamiento por trabas constitucionales. Esta ley abría esa posibilidad, y tampoco la aprobaron”, lamentó.
La tercera iniciativa se refiere a la conclusión del proceso de saneamiento y titulación de tierras, para lo cual el Ejecutivo ha destinado $us 40 millones que “llevan más de un año durmiendo en la Asamblea”. Flores aseguró que esta norma habría permitido cerrar definitivamente los conflictos por avasallamientos.
Críticas al contexto electoral y advertencias
El ministro señaló que el bloqueo a estas leyes no responde a razones técnicas ni presupuestarias —dos de ellas son de carácter netamente social—, sino a cálculos políticos. “Algunos legisladores están pensando en un futuro donde unas cuantas familias del Oriente y extranjeros controlen la tierra, como ya sucedió antes”, afirmó.
Gonzales lamentó que el tema de la tierra se utilice como un instrumento electoral y llamó a preservar la estabilidad para que los bolivianos voten en paz. “No se puede seguir generando política con este tema en un momento donde deberíamos dar tranquilidad al electorado”, dijo.
Consultado sobre la denuncia de productores del norte integrado de Santa Cruz por la falta de diésel durante la zafra, Gonzales explicó que su cartera coordina acciones con el Ministerio de Hidrocarburos para garantizar la distribución del combustible. “La producción no puede parar. Es una instrucción directa del presidente Lucho Arce”, subrayó.
La primera iniciativa —la Ley 523/2023— busca regular la posesión de tierras rurales por parte de personas extranjeras, tanto naturales como jurídicas. Según el ministro, aunque la Constitución prohíbe la dotación de tierras a extranjeros, aún no hay una norma que impida la transferencia de propiedades ya tituladas entre privados, lo que genera vacíos legales.
“La ley pretendía cerrar esa brecha. Pero fue frenada, incluso por diputados que hoy hablan de seguridad jurídica cuando tuvieron en sus manos la solución. ¿Será que están planificando un futuro gobierno de derecha que permita a extranjeros adueñarse de nuestras tierras?”, se preguntó.
La segunda norma propuesta apuntaba a permitir que pequeños propietarios agrícolas puedan migrar a la categoría de mediana propiedad y acceder así a créditos. “Hay productores con 5, 10, hasta 50 hectáreas que no pueden acceder a financiamiento por trabas constitucionales. Esta ley abría esa posibilidad, y tampoco la aprobaron”, lamentó.
La tercera iniciativa se refiere a la conclusión del proceso de saneamiento y titulación de tierras, para lo cual el Ejecutivo ha destinado $us 40 millones que “llevan más de un año durmiendo en la Asamblea”. Flores aseguró que esta norma habría permitido cerrar definitivamente los conflictos por avasallamientos.
Críticas al contexto electoral y advertencias
El ministro señaló que el bloqueo a estas leyes no responde a razones técnicas ni presupuestarias —dos de ellas son de carácter netamente social—, sino a cálculos políticos. “Algunos legisladores están pensando en un futuro donde unas cuantas familias del Oriente y extranjeros controlen la tierra, como ya sucedió antes”, afirmó.
Gonzales lamentó que el tema de la tierra se utilice como un instrumento electoral y llamó a preservar la estabilidad para que los bolivianos voten en paz. “No se puede seguir generando política con este tema en un momento donde deberíamos dar tranquilidad al electorado”, dijo.
Consultado sobre la denuncia de productores del norte integrado de Santa Cruz por la falta de diésel durante la zafra, Gonzales explicó que su cartera coordina acciones con el Ministerio de Hidrocarburos para garantizar la distribución del combustible. “La producción no puede parar. Es una instrucción directa del presidente Lucho Arce”, subrayó.