La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) rechazó el manejo que considera poco claro y desordenado de la crisis por la gasolina de presunta baja calidad en Bolivia y advirtió que, pese a haber ofrecido hace más de dos meses realizar un control técnico independiente, hasta la fecha no ha recibido respuesta de las autoridades.
El pronunciamiento surge en un escenario marcado por crecientes denuncias de conductores y transportistas sobre fallas mecánicas, menor rendimiento de combustible y un incremento sostenido en los costos de mantenimiento vehicular, factores que ya están impactando en la economía de los hogares y en la actividad productiva.
Daños al parque automotor y presión en talleres
La universidad alertó que el problema no solo persiste, sino que se agrava con el paso de los días. Según el reporte, la alta demanda de reparaciones ha comenzado a sobrepasar la capacidad instalada de talleres mecánicos, reflejando la magnitud de los daños en el parque automotor nacional.
Especialistas del sector señalan que combustibles fuera de especificación —por ejemplo, con bajo octanaje, presencia de impurezas o mezclas inadecuadas— pueden provocar fallas en inyectores, pérdida de potencia, mayor consumo e incluso daños estructurales en motores modernos. Estas afectaciones generan costos adicionales que, en muchos casos, terminan trasladándose a precios de transporte y servicios.
Falta de controles y cuestionamientos a la estatal
En ese contexto, la UMSA cuestionó que, pese a la gravedad de la situación, no se estén ejecutando acciones claras y transparentes para garantizar la calidad del carburante que se distribuye en el país.
Asimismo, remarcó que corresponde a YPFB, como empresa estatal, asumir la defensa de los intereses nacionales, rechazando cualquier producto que no cumpla con los estándares técnicos establecidos y evitando que el país absorba costos por combustibles fuera de norma.
El tema cobra mayor relevancia en un momento en que Bolivia incrementó su dependencia de importaciones de gasolina y diésel, debido a la caída en la producción de hidrocarburos. Este contexto eleva la importancia de controles rigurosos en la cadena de suministro, desde la compra hasta la distribución final.
Propuesta de auditoría independiente
La casa de estudios enfatizó que la gasolina que no cumple con los requisitos técnicos no debería ser “corregida” para su uso, sino devuelta o reemplazada bajo estrictos controles de calidad, además de exigir compensaciones por los daños ocasionados.
Como parte de su propuesta, la UMSA reiteró que se encuentra a la espera de una respuesta oficial para iniciar un proceso de verificación de tercera parte, bajo estándares internacionales de control de calidad. La universidad puso a disposición su capacidad científica, técnica y humana para realizar análisis independientes que permitan restablecer la confianza de la población.
Este tipo de auditorías externas es habitual en mercados energéticos internacionales, donde laboratorios certificados verifican parámetros como octanaje, contenido de azufre, estabilidad y presencia de contaminantes.
Impacto económico más amplio
El deterioro en la calidad de los combustibles tiene efectos que van más allá del parque automotor. Analistas advierten que incide en:
El aumento de costos logísticos y de transporte
La pérdida de eficiencia en sectores productivos
El encarecimiento de bienes y servicios
La reducción de la competitividad
En una economía altamente dependiente del transporte terrestre, cualquier distorsión en la calidad del carburante puede amplificar presiones inflacionarias y afectar el ritmo de recuperación económica.
Exigencia de transparencia y acciones inmediatas
El pronunciamiento, firmado por la rectora María Eugenia García y el vicerrector Tito Estevez Martini, concluye con la exigencia de que YPFB implemente controles efectivos de manera inmediata, informe con transparencia los resultados y detalle las acciones correctivas asumidas.
Entre estas acciones, la universidad menciona la necesidad de eventuales devoluciones de combustible, reclamos a proveedores internacionales y medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan.
El mensaje de fondo es contundente: sin control técnico, transparencia y rendición de cuentas, la crisis de los combustibles podría seguir escalando y afectar no solo a los conductores, sino a toda la economía boliviana.