Se abre otro frente de conflicto para el Gobierno. Este jueves, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) informó que, desde noviembre, el Poder Ejecutivo no ha dado respuesta a una propuesta de decreto supremo destinada a ajustar los precios de las obras de inversión pública ante el alza del dólar y el encarecimiento de los insumos importados. Ante el silencio estatal, el sector anticipó que se realizarán protestas escalonadas hasta ser escuchados.
Mediante un comunicado la asegura que la medida fue solicitada desde noviembre del año pasado para enfrentar el encarecimiento de insumos y la inestabilidad económica que afecta la ejecución de proyectos.
Los constructores señalaron que el retraso en la aprobación de la norma mantiene al sector en un escenario de incertidumbre. Según explicaron, el decreto permitiría ajustar los costos de las obras ante las variaciones de precios registradas en el último tiempo, algo que consideran clave para garantizar la continuidad de proyectos y evitar mayores pérdidas para las empresas constructoras.
El pronunciamiento también cuestiona la demora del Ejecutivo pese a que, según el sector, ya se había instalado una mesa técnica con representantes de los ministerios de Obras Públicas, Economía y Finanzas, y Desarrollo Productivo.
De acuerdo con Cadecocruz, esa instancia concluyó su trabajo el pasado 6 de febrero; sin embargo, hasta la fecha el decreto no ha sido aprobado.
Los empresarios sostienen que el contexto económico adverso —marcado por la subida de costos de materiales, problemas en la provisión de insumos importados y presiones cambiarias— ha golpeado con fuerza a toda la cadena productiva de la construcción.
En ese marco, consideran que el reajuste de precios es una medida “urgente y necesaria” para preservar la estabilidad del sector y dar seguridad jurídica a los contratos en ejecución.
Ante la falta de avances, las cámaras de la construcción anunciaron que desde la próxima semana iniciarán movilizaciones progresivas en todo el país con el objetivo de presionar por la aprobación y promulgación del decreto.
El sector asegura que la decisión responde a la falta de respuesta oficial tras varios meses de gestiones y diálogo.
Los constructores también remarcaron que la industria genera miles de empleos y tiene un papel clave en la dinamización de la economía, por lo que advierten que una paralización o ralentización de proyectos podría tener efectos más amplios en la actividad económica.
Mientras tanto, el Gobierno aún no ha emitido una respuesta pública sobre la aprobación del decreto solicitado por el sector.