La dirigencia campesina cruceña puso en duda que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) esté llevando a cabo la verificación de la Función Económica y Social (FES) en las tierras tituladas, que están en manos de grandes productores.
“El que tiene que verificar que la empresa cumple la función económica y social es el INRA”, remarcó Franklin Vargas, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz “Apiagauaki Tüpa”.
No obstante, agregó el dirigente, ello no ocurre, y señaló que una empresa que tiene autorización para la cría de ganado en su tierra no solo la usa para eso, si no también para cultivarla y para deforestarla.
La FES, de acuerdo con la autoridad agraria, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario. En resumen, las empresas deben demostrar que producen sus tierras, mientras las comunidades y pueblos indígenas deben probar que viven y trabajan en las suyas. Lo contrario conduce a la reversión de esas propiedades al Estado. Según la Fundación Tierra, el INRA dejó de cumplir con esta labor desde hace, al menos, cinco años. Vargas apuntó también que los grandes productores eluden los procesos para el cumplimiento de la FES, así como los que hay para la obtención de títulos de propiedad. “Llevan la misma vaca de una tierra al predio de otro empresario” que solo mantiene esa propiedad para venderla, para que esa tierra cumpla la FES o pueda recibir su título de propiedad. “Y le meten plata a los corruptos que hay en las instituciones. Luego, les dan título y la venden”, principalmente a extranjeros, sostuvo el dirigente.