A las 9 de la mañana, Julia Limay, de 56 años, hace fila en una pollería de Villa Pabón, en La Paz. Decenas de clientes esperan casi una hora para conseguir algo de carne. “Hay muy poca mercadería, así que hay que venir temprano para darle gusto a la comida”, cuenta reportaje del periódico La Nación de Argentina, reflejando los cambios de hábitos de una clase media que, tras años de bonanza, hoy se enfrenta a la escasez.
Limay recuerda con amargura lo que considera un error histórico: “El Gobierno recibió un ‘premio’ de los gobiernos anteriores, que fue la plata del gas. Pero nunca hicieron nada para aumentar esa riqueza. Y hoy todos los bolivianos pagamos las consecuencias”, dice, consultada por el medio argentino.
La inflación, que acumula un 25% en el último año —el nivel más alto desde 2008—, se suma a la falta de combustible y de productos básicos. describe el reportaje del medio.
El pequeño empresario textil Eddie Jarro, de 46 años, también siente el impacto. Abrió su taller en 2018, compró maquinaria y llegó a tener seis empleados. “Confeccionábamos ropa de trabajo, artículos deportivos y hasta mamelucos para el personal sanitario en la pandemia. Siempre tuvimos actividad”, recuerda. Hoy su proyecto es cerrar y quizá emigrar a Argentina, donde vivió de joven, para volver a fabricar ropa en el mercado popular de La Salada.
Su historia se repite en todo el sector. Helen Rivero, presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), asegura que antes de la pandemia existían 650.000 unidades productivas que generaban empleo a casi cuatro millones de familias. “Constituíamos el 85% del empleo nacional”, explica.
“Ahora creo que quedarán como mucho 500.000, pero la mayoría está paralizada porque se cerraron los mercados o porque, sin gasolina, no tienen materiales para trabajar”.
Rivero también vio reducirse su propio negocio: “Yo tenía 12 empleados en mi imprenta. Eso nos daba para vivir bien y hasta ahorrar. Todo se acabó. Ahora apenas sobrevivimos con fotocopias y trabajos escolares”, lamenta.
El economista Julio Linares, especialista en finanzas públicas, resume el problema: “Entre 2006 y 2024, los ingresos del Estado aumentaron 3,5 veces, pero los egresos crecieron siete veces. El déficit fiscal acumulado alcanza los 40.000 millones de dólares, financiados con deuda externa que se multiplicó por ocho”.
Linares también relativiza uno de los logros más repetidos por el oficialismo: la reducción de la pobreza. “En Bolivia solo se mide por ingreso. No hay una medición multidimensional. Para conseguir turno en un hospital hay que ir de madrugada y una operación urgente puede tardar meses. La salud y la educación no mejoraron en estos años”, explica.
Como ejemplo del despilfarro, menciona que en turismo el Estado gastó 28 millones de dólares, mientras que en publicidad oficial, “siempre destinada a ensalzar al Gobierno”, se invirtieron 800 millones.
La percepción ciudadana refleja esa descomposición. Andrés Bazán, taxista de 36 años, lo resume: “Para mí las cosas se hacen bien o mal, no importa quién las haga. Todos estamos pagando las consecuencias”.
En este contexto, Bolivia llega a unas elecciones presidenciales que estarán marcadas por la crisis económica. La incertidumbre y el descontento social se han convertido en factores decisivos, y distintos sectores de la población buscan en las urnas una salida a la prolongada recesión y a la pérdida de confianza en el modelo vigente.