El primer eslabón del complejo productivo de la caña de azúcar (cañeros) padece las consecuencias de la informalidad de la estatal petrolera YPFB asociada a la omisión de la firma de contrato de compra de etanol (zafra 2023) y retraso continuo de pago por retiro de alcohol anhidro de las industrias que lo producen, los bloqueos de rutas por demandas sociales y el exceso de humedad en los campos que impide el corte y entrega de caña a los ingenios. A decir de Óscar Alberto Arnez, presidente de la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), el sector transita días complicados por el deterioro económico e impedimento de acceso a créditos para financiar la siembra, la renovación de las casi 30.000 hectáreas fuera de ciclo productivo y la expansión de la frontera agrícola cañera. La ruptura y retraso continuo en la cadena de pago por la venta de etanol -ellos perciben el 60% del total de ingresos por la comercialización- causa incertidumbre y condiciona la planificación a corto, mediano y largo plazo del sector. En el ámbito productivo, el dirigente cañero indicó que limita la expansión de crecimiento del área cañera en el área de influencia de los ingenios que operan en municipios del Norte Integrado. En septiembre de 2018, cuando se anunció la incursión de Bolivia en la era de los biocombustibles, el desafío era superar las 320.000 hectáreas en siete años. A dos años de cumplirse dicha meta, la frontera agrícola cañera en Santa Cruz ronda las 160.00 hectáreas. Estimó que el sector requiere $us 30 millones para ampliar los campos de producción y renovar el 80% de las 160.000 hectáreas que están fuera de ciclo y con promedio de rendimiento ‘pobrísimos’. “El riesgo de disponibilidad de materia prima se sentirá el próximo año”, mencionó Arnez. El pedido sectorial, según expresó, data de hace tres años y que hasta ahora solo recibieron compromisos verbales de autoridades del Gobierno de facilitación de un fideicomiso para el sector, en condiciones (plazos y tasas de interés) similares a los prestatarios que se acogieron al crédito SíBolivia. Desmotivado por la falta de seriedad del programa biocombustibles, manifestó que muchos cañeros han migrado al cultivo de la soya o alquilado sus tierras productivas. Arnez insinuó que la prórroga de la firma de contrato de compra de etanol parala presente gestión, han transcurrido seis meses y aún no se formalizó, lo que condiciona la aspiración de acceso a créditos en el sistema financiero privado. “No somos sujetos de crédito porque no tenemos un contrato que sirva de garantía y que respalde nuestra actividad”, dijo. Este mes, citado en la estatal ABI, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, tras una reunión con representantes de los sectores cañero y sucroalcoholero de Santa Cruz, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que YPFB prevé comprar este año cerca de 200 millones de litros de etanol, lo que representa 64,1 millones de litros más que los 135,9 millones de litros adquiridos en 2022. La autoridad habló de intención de volúmenes de compra, no de formalización de contrato. Hizo saber que se acordó instalar una mesa de trabajo para atender las preocupaciones y coordinar acciones sobre temas relacionados con el acceso al crédito y mejoras en las condiciones productivas. “Es importante incrementar la producción de etanol”, afirmó Molina, al subrayar que esta actividad no solo es parte de la política de industrialización con sustitución de importaciones, sino un producto -en lo que a mezclas con la gasolina se refiere- cada vez más relevante en el mercado interno para la transición energética. Fuentes del sector cañero que participaron en dicha reunión expresaron que no hubo convocatoria ni avances para debatir lo mencionado por el titular de la cartera de Hidrocarburos y Energías. En 2018, cuando se lanzó el programa biocombustibles en Bolivia, el marco normativo establecía la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal para reemplazar, gradualmente, la importación de insumos y diésel oil, lo cual significará, además de la irrupción del agro en la producción de alcohol anhidro, un ahorro de $us 250 millones en importación de insumos hasta 2025, así como un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) global del 0,2% anual, del PIB agrícola del 4% y hasta un 2% del industrial. Información a la que tuvo acceso EL DEBER refleja que la deuda que arrastra YPFB por retiro de etanol correspondiente a abril, mayo y primera quincena de junio supera los $us 25 millones y que dicho volumen entregado por las industrias del sector corresponde a la zafra 2022. La última semana de abril se informó de que el adeudo rondaba los $us 50 millones. Se conoció que la semana pasada YPFB desembolsó el pago total correspondiente a marzo. En abril, con motivo de la Rendición Pública de Cuentas - Inicial 2023, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, expresó que, en la política de sustitución de importaciones de diésel y gasolina, están los proyectos orientados a la producción de biocombustibles. “Tenemos planificadas dos plantas de biodiésel en Palmasola (Santa Cruz), en Senkata (El Alto) y la planta de HVO. El biodiésel es una mezcla del 90% combustible fósil y 10% biocombustible, mientras que la planta de HVO es 100% diésel renovable de origen vegetal. Estamos con estudios de materia prima que no sea comestible y no quitemos alimento para generar combustible. Avanzamos en la política de sustitución de importaciones”, expresó, al anotar que en la actualidad se cuenta con gasolina mezclada con etanol anhidro. Corte de rutas y clima adverso Los bloqueos registrados este mes en el puente de la Amistad, entre Montero y Portachuelo, y las lluvias extraordinarias en el área de influencia de los ingenios (La Bélgica, Guabirá, Unagro y Aguaí) jugaron en contra de la producción de azúcar, alcohol y derivados de la caña. La falta de disponibilidad de materia prima -atribuida al bloqueo y encharcamiento de los campos- provocó la suspensión temporal de la zafra. “Han sido tres bloqueos, en tres semanas consecutivas, que nos perjudicaron”, expresó un cañero montereño, al refutar los motivos de peticiones sociales y no por demandas sectoriales. Desde la Federación de Cañeros Santa Cruz, su presidente Humberto Rivero, afirmó que las lluvias frenaron el ritmo de cosecha de caña en campo y obligaron a parar la producción en los ingenios. Sin embargo, refirió que el abastecimiento interno y externo, están garantizado por el stock de contingencia de azúcar existente. A pesar de ello, Rivero manifestó alta preocupación sectorial por la insuficiente disponibilidad de diésel en las zonas productivas para encarar la cosecha y la siembra de caña. Anotó que, por ahora, no se siente la falta del combustible porque la zafra está paralizada por el encharcamiento de los chacos.
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