La restitución del 12% de recursos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las entidades territoriales autónomas (ETAs) tiene a las autoridades subnacionales en vilo. Ahora es la Gobernación de Santa Cruz la que se suma al pedido de los alcaldes cruceños y reclama $us 8 millones.
Así lo refleja un documento al que accedió EL DEBER con los datos detallados del Ministerio de Hidrocarburos y la normativa vigente y que corresponden a marzo de 2020.
Los alcaldes cruceños mantienen un bloqueo en las vías departamentales, demandando la devolución de recursos (entre otros temas), hablan de $us 20 millones. A lo que se suman $us 3 millones que corresponden a la universidad pública cruceña. El documento expone que, al igual que la Gobernación cruceña, el resto de gobiernos departamentales del país también deben recibir $us 8 millones cada uno, con excepción de Tarija que debe recibir unos $us 10 millones de acuerdo a la normativa vigente. El secretario de Gobierno, Vladimir Peña, sostuvo que a las gobernaciones, municipios y universidades de Bolivia les corresponde cerca de $us 250 millones, a tiempo de acotar que la ley de Promoción para la inversión en la exploración y explotación Hidrocarburífera (que dispone la confiscación del 12% de recursos del IDH) ha sido un fracaso porque no hubo exploración y no se invirtieron los recursos confiscados.