Este miércoles se presentará en la Cámara de Diputados el anteproyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) en materia de justicia. El proyectista es el exalcalde y abogado Juan del Granado (Unidad) que socializará su visión sobre este tema.
“Este espacio permitirá dar a conocer los alcances, objetivos y relevancia de la propuesta de reforma constitucional en un ejercicio de transparencia y apertura informativa” señala la invitación lanzada por Juan del Granado.
La reforma constitucional era uno de los ejes de los programas de gobierno de los partidos durante la campaña electoral. El problema de la justicia era uno de los problemas más recurrentes entre los diversos postulantes. Los frentes competidores asumían la eliminación de la elección judicial por la alta injerencia política en la elección de los candidatos postulantes.
El título III de la Carta Magna establece todas las reglas de funcionamiento del Órgano Judicial. Son 26 artículos que regulan el funcionamiento, la forma de elección de sus autoridades y los tiempos de mandato.
Según el artículo 411 de la CPE existen dos formas de reforma constitucional, la reforma total y la reforma parcial. En el primer caso se necesita indefectiblemente una Asamblea Constituyente y se aplicará cuando las reformas planteadas afecten derechos.
“La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo”, señala la primera parte del artículo.
En el segundo caso se puede realizar solo en la Asamblea Legislativa, si las reformas no afectan los derechos de las personas. El parlamento puede aprobar con dos tercios de sus miembros presentes.
En cualquier de los dos casos los resultados de la ley aprobada por la Asamblea deben ser sometidas a referéndum constitucional aprobatorio, es decir la ciudadanía puede ratificar o rechazar la reforma que aprobó el parlamento.