Tras una semana marcada por tensiones e incertidumbre en el cómputo de votos de Santa Cruz, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció ayer acciones legales contra los exvocales del periodo 2019-2025 por presunto incumplimiento de deberes. La decisión surgió a raíz de los conflictos generados en varios municipios por la inhabilitación tardía de dos frentes políticos, lo que derivó en problemas logísticos en pleno proceso electoral y el mismo día de la votación.
El caso no se limitó a Santa Cruz. Ávila también señaló eventuales responsabilidades en los exvocales del Tribunal Electoral Departamental de Pando, que habilitó como organización política a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (Fsutcp), una decisión que, según el TSE, contradice la Constitución Política del Estado.
Ante ello, la Sala Plena del TSE admitió un recurso de apelación, anuló la sigla y dejó fuera de carrera a sus candidatos pocos días antes de las elecciones subnacionales. Esto generó tensiones y amenazas de protestas.
Los hechos en Santa Cruz
En Santa Cruz, el conflicto involucra a las agrupaciones Seguridad, Orden y Libertad (SOL) y Alianza Solidaria Popular (Asip), que debieron ser inhabilitadas por no alcanzar el 3% mínimo de votación en el proceso electoral de 2021.
Sin embargo, la falta de acción de la anterior sala plena permitió que ambas siglas participaran en la campaña e incluso figuraran en las papeletas, lo que generó confusión entre los votantes.
“¿Por qué los vocales del TED de Santa Cruz de esa gestión (2019-2025) no iniciaron el trámite de cancelación de personería jurídica como lo hicimos nosotros con ADN y UCS de manera inmediata? Eso es incumplimiento de deberes y tendrán que responder ante la justicia”, afirmó Ávila a EL DEBER.
Recién el 2 de marzo, los vocales del TED cruceño cancelaron la personalidad jurídica de ambas organizaciones, en cumplimiento de la Ley 1096 y de un fallo judicial. Esta decisión, tomada a pocos días de los comicios, provocó conflictos en distintos municipios. “Si hubieran cumplido sus funciones a tiempo, este problema no habría ocurrido”, remarcó Gustavo Ávila.
En respuesta, la expresidenta del TED Santa Cruz, María Cristina Claros, sostuvo que la decisión de mantener vigentes a Asip y SOL fue asumida por mayoría de los integranes de la sala plena a fines de julio de 2025, tras una reconsideración interna. Un mes antes, cuatro de los cinco vocales habían resuelto anular tres siglas regionales. “En una sala plena que duró varios días, tres vocales rechazaron el informe del secretario de cámara —que recomendaba la inhabilitación— bajo el argumento de que estas organizaciones aún tenían representación política: Asip en la Asamblea Legislativa Departamental y SOL con alcaldes en ejercicio”, explicó Claros.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe preliminar de las elecciones subnacionales, identificó —en la inhabilitación masiva de candidaturas — el origen de los conflictos que tuvieron lugar en San Ignacio de Velasco y Portachuelo, donde los seguidores de las siglas inhabilitadas llegaron a bloquear la carretera para pedir una nueva elección.
El resultado fue una papeleta que no reflejaba la oferta electoral definitiva. En varios casos, candidatos inhabilitados aparecieron impresos, y votos emitidos a su favor fueron posteriormente computados como nulos, obligando a ajustes de última hora en los sistemas de conteo como el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) y el cómputo oficial, observó la OEA. La entidad también hizo notar que el cambio de las autoridades electorales ser produjo en plemo proceso electoral.