La crisis electoral se expande y tiende a agravarse. En Portachuelo se instaló anoche un bloqueo de caminos en demanda de “respeto al voto” de sus pobladores, debido a una situación atípica: el 48% de los votos emitidos el 22 de marzo fueron declarados nulos, superando a los válidos. A pesar de ello, el TSE proyectó un ganador con menos del 20%, lo que ha provocado el corte de rutas.
Darío Wilmer Rivero, delegado político de ASIP, denunció que los votos válidos de su agrupación fueron anulados de oficio, a pesar de estar sin observaciones en las actas de votación, lo que consideró “un atentado contra la democracia”. Por este motivo, ayer a las 19:00, se realizó un cabildo ciudadano en Portachuelo, que determinó el bloqueo de vías, primero por dos horas, pero que desde hoy será indefinido.
Sobre el tema, ayer por la mañana, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó el reciente proceso electoral como un “manoseo sin límite” y planteó repetir las elecciones en los municipios afectados como la única salida “salomónica”.
Portachuelo se suma así a San Ignacio de Velasco, donde más del 65% de los votos fueron computados como nulos, y cuyos moradores esperan una respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mientras crecen los reclamos por irregularidades en otros municipios cruceños, en medio del silencio del Órgano Electoral sobre el fondo del conflicto y las demandas de repetir elecciones.
El caso ignaciano, que inicialmente parecía aislado, comienza a mostrar un patrón: las denuncias por fallas en papeletas, inhabilitaciones y conteo de votos se concentran en Santa Cruz, lo que incrementa la presión política y cívica sobre el Tribunal Electoral Departamental (TED) y el propio TSE.
El Comité Cívico de San Ignacio declaró estado de alerta y dio un plazo de 24 horas para recibir una respuesta “clara, oportuna y fundamentada”, advirtiendo que, de no obtenerla, convocará a una Asamblea de la Ignacianidad y activará acciones legales, incluso exigiendo la renuncia del presidente del TED cruceño. Además, conformó una comisión interinstitucional para gestionar una reunión directa con autoridades electorales en la capital.
Su presidente, Roberto Durán, informó a EL DEBER que ya se trasladó a Santa Cruz para aguardar una definición. “Deben ofrecer una solución legal, legítima y definitiva a la incertidumbre provocada al invalidar más del 65% de los votos”, afirmó, al remarcar que el principio de confianza del elector obliga a respetar cada sufragio emitido.
Desde el TSE, su presidente Gustavo Ávila evitó referirse directamente a la repetición de la votación y se limitó a señalar que se espera un informe complementario del TED sobre la llegada de maletas electorales equivocadas a San Ignacio —entre 50 y 60— y el detalle de las mesas afectadas. Reconoció que el hecho generó “un serio conflicto”, pero insistió en que cualquier decisión requiere precisión técnica, aunque no se refirió de manera concreta sobre el pedido cívico para repetir la votación total en el municipio ignaciano.
En el ámbito político, la asambleísta electa de Libre, María René Álvarez, denunció que el caso constituye un “delito electoral” que vulnera derechos políticos y cuestionó que el TED investigue su propio accionar. Advirtió que la falta de respuesta agrava la tensión social en San Ignacio, donde candidatos y ciudadanos demandan certidumbre.
Reclamos se expanden
En San Antonio de Lomerío, el alcalde electo Elvio Rodríguez denunció que papeletas incompletas impidieron a su alianza obtener representación en el Concejo Municipal, pese a haber ganado con el 57% de los votos. Según explicó, en la mayoría de las mesas no figuraban sus candidatos a concejales, lo que calificó como “sabotaje y discriminación”.
Las irregularidades también alcanzan a Puerto Quijarro (provincia Germán Busch), donde tres candidatas a concejalas denunciaron haber sido excluidas de las papeletas electorales, al no aparecer la franja con sus nombres y su sigla política. Farah Galeb, presidenta del Comité Cívico Femenino Provincial, advirtió que este hecho vulnera el derecho a la participación y alertó sobre casos similares en otros municipios como Montero y Warnes.
En conjunto, estos episodios están causando un escenario de creciente desconfianza en el proceso electoral en Santa Cruz. Mientras tanto, el TSE continúa sin emitir un pronunciamiento integral sobre la repetición de elecciones, mientras la presión social y política va en aumento.