Las elecciones subnacionales del 22 de marzo en Bolivia estuvieron marcadas por dos elementos centrales, según la Misión de Observación Electoral de la OEA: una alta participación ciudadana y, al mismo tiempo, profundas debilidades normativas que deben ser corregidas con urgencia de cara a la segunda vuelta del 19 de abril.
El informe, elaborado por la misión encabezada por Cindy Quesada Hernández e integrada por 25 especialistas de 14 nacionalidades, advierte que los problemas registrados en el proceso no son aislados, sino estructurales. El documento identifica fallas en organización electoral, justicia, financiamiento, tecnología y participación política, pero pone especial énfasis en un dato que considera crítico: cerca del 75% de las más de 34.000 candidaturas inscritas, fue inicialmente inhabilitado.
Este escenario, señala la OEA, no solo afectó a partidos y candidatos, sino que generó confusión en la ciudadanía y derivó en conflictos que hoy se expresan en municipios cruceños como San Ignacio y Portachuelo.
Inhabilitaciones masivas
La OEA identifica en la inhabilitación masiva de candidaturas el origen de la actual crisis electoral. De las 34.630 postulaciones registradas, 26.010 fueron inicialmente rechazadas por incumplimientos administrativos o legales, en gran parte debido a plazos extremadamente reducidos.
Los tribunales electorales departamentales dispusieron de apenas siete días para revisar la documentación, en un proceso que además no contempla etapas para subsanar errores menores. Esto derivó en decisiones tardías que se extendieron hasta días e incluso horas antes de la votación.
El resultado fue una papeleta que no reflejaba la oferta electoral definitiva. En varios casos, candidatos inhabilitados aparecieron impresos, y votos emitidos a su favor fueron posteriormente computados como nulos, obligando a ajustes de última hora en los sistemas de conteo como el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) y el cómputo oficial.
La misión advierte que esta situación impactó directamente en la percepción ciudadana y en los niveles de voto nulo, constituyendo el punto de partida de los conflictos que hoy afectan a distintos municipios de Santa Cruz.
Error logístico
El informe también recoge incidentes específicos que agravaron el escenario. En el municipio de San Ignacio de Velasco se registró la distribución errónea de papeletas en cinco recintos electorales, afectando a 97 mesas y cerca de 23.000 votantes, según el informe internacional.
La OEA señala que, debido a la distancia y dificultades de acceso, el problema no pudo ser corregido durante la jornada, lo que generó descontento social inmediato.
A raíz de estos hechos, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, confirmó que el 5 de abril se repetirá la votación en 21 mesas para la elección de gobernador y asambleístas. Detalló casos como el del colegio Mariscal Sucre, donde solo 55 papeletas correspondían a la jurisdicción correcta de un total de casi 6.000.
Sin embargo, la autoridad evitó referirse al conflicto municipal, donde más del 65% de los votos fueron anulados, desatando una crisis de legitimidad.
Cancelaciones polémicas
Otro de los puntos críticos fue la cancelación de personerías jurídicas en plena etapa electoral. La OEA constató que al menos cinco organizaciones políticas fueron eliminadas del proceso, entre ellas Acción Democrática Nacionalista y Unidad Cívica Solidaridad, lo que derivó en la inhabilitación de todas sus candidaturas y de sus alianzas vinculadas.
La misión considera especialmente preocupante que estas decisiones se hayan tomado en medio del proceso, pese a que las causales respondían a hechos anteriores.
Diversos actores señalaron que la medida fue desproporcionada y que debió optarse por alternativas menos restrictivas para proteger los derechos políticos.
Cambios tardíos
El informe también cuestiona decisiones institucionales adoptadas en la recta final del proceso. La Misión de la OEA tomó nota de que el viernes 20 de marzo, a dos días de los comicios, el presidente del Estado reemplazó a los vocales designados por el ejecutivo anterior en los TED de La Paz, Chuquisaca y Pando y cubrió la vocalía vacante en Santa Cruz.
Distintos actores manifestaron a la Misión que, si bien el presidente tenía la facultad legal para realizar estas designaciones, el hecho de que lo hiciera en una fecha tan próxima a la elección, no contribuía a fortalecer la confianza en la autoridad electoral.
La OEA reconoce que la medida es legal, pero advierte que afecta la confianza en la autoridad electoral y subraya la importancia de garantizar estabilidad institucional en momentos críticos.
Pese a la gravedad de los hallazgos, desde el Tribunal Supremo Electoral se limitaron a difundir una nota institucional titulada “La OEA destaca labor del Órgano Electoral en las Elecciones Subnacionales 2026”, en la que se resalta que la jornada se desarrolló con normalidad, sin hacer mención a las observaciones críticas del informe internacional.