San Ignacio de Velasco se encuentra en estado de alerta cívica tras las elecciones subnacionales del 22 de marzo, debido a la decisión de las autoridades electorales de anular más de 19.000 votos de la elección municipal. Esta situación ha generado indignación y derivó en la exigencia de una nueva votación para elegir alcalde, ante lo que consideran un escenario que vulnera la voluntad popular.
De acuerdo con los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) al cierre de edición, con el 92,1% de las actas escrutadas, de un total de 29.113 votos emitidos en ese municipio, 19.205 fueron contabilizados como nulos, lo que representa el 65,97% del total. Esta cifra responde a que los dos candidatos más votados quedaron fuera de carrera por decisiones administrativas adoptadas en la recta final del proceso electoral.
El candidato Juan Zarzar, de Asip, habría obtenido más del 50% de la votación, pero su organización política perdió la personalidad jurídica el 2 de marzo, por lo que sus votos fueron declarados nulos. En segundo lugar se ubicó Celin Jiménez Roca, de la alianza Libre, con alrededor del 17%, pero su candidatura fue inhabilitada horas antes de la votación.
En este contexto, el tercer candidato en preferencia electoral, Felman Gómez Paesano, de Creemos, con 3.885 votos (equivalentes al 14,9%), se perfila como ganador de la alcaldía ignaciana, una situación que los pobladores califican como “poco democrática” y contraria al resultado expresado en las urnas.
Respuesta cívica
La reacción no se hizo esperar. En una reunión ampliada realizada la tarde de ayer martes 24 de marzo, el movimiento cívico de la capital de la provincia Velasco determinó declarar estado de alerta en defensa de la democracia municipal y facultó a su directorio a convocar a una Asamblea de la Ignacianidad para definir medidas en caso de no ser atendidos por el Tribunal Electoral Departamental (TED).
En su pronunciamiento, los cívicos expresaron “profunda preocupación” por las decisiones relacionadas con la habilitación e inhabilitación de candidaturas, cuestionando la falta de claridad, oportunidad y transparencia, lo que, en su opinión, generó incertidumbre y desconfianza en la población.
Asimismo, demandaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al TED cruceño brindar una explicación pública, clara y fundamentada sobre los criterios aplicados en el proceso, además de adoptar medidas urgentes que permitan restablecer la certeza electoral, ante el riesgo de invalidar más del 60% de los votos emitidos.
La movilización fue respaldada desde la mañana por el Comité pro Santa Cruz. Su segundo vicepresidente, Dino Franco, quien participó como veedor en la zona, calificó lo ocurrido como “un atentado a la democracia” y afirmó que la confusión generada por la permanencia en la papeleta de siglas y candidatos inhabilitados derivó en una distorsión del resultado electoral.
Franco señaló que, si bien no se puede hablar aún de fraude, sí existe una situación que requiere explicación urgente. “El 66% de los votos están nulos. Más de 19.000 votos de 29.000. Eso no puede quedar así”, sostuvo, al insistir en que la salida más coherente es la convocatoria a una nueva elección municipal con todos los candidatos que estaban en la papeleta electoral.
En la misma línea, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, consideró que repetir los comicios es la única vía para evitar mayores conflictos. “No puede estar el error de cuatro o cinco funcionarios por encima de la voluntad de un pueblo”, afirmó, al cuestionar la logística electoral y la organización del proceso.
Papeletas equivocadas
A la par del conflicto municipal, también se registraron irregularidades en la elección departamental en San Ignacio de Velasco, donde se detectó la distribución de papeletas correspondientes a otras provincias, lo que llevó a las principales autoridades electorales a anticipar la repetición de esa votación.
Sin embargo, hasta ahora, tanto el TSE como el TED han centrado su respuesta en la elección de gobernador y asambleístas, sin definir una postura clara respecto a la elección municipal, que es precisamente la que ha generado mayor malestar en la población.
En declaraciones a EL DEBER, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que el informe del TED será analizado en sala plena para determinar responsabilidades y eventuales medidas, aunque evitó adelantar criterios sobre una posible repetición de la votación en el ámbito municipal.
“Queremos ver qué es lo que ha sucedido, cuáles son las determinaciones que ha asumido, quiénes son los responsables y tenemos que planificar. Primero hay que ver la cantidad de mesas, el lugar, tenemos que hacer cadena de custodia, imprimir papeletas, sortear jurados nuevamente, o sea, es una logística importante”, manifestó.
Desde el TED cruceño, su presidente Marco Monasterio explicó que la anulación de votos responde a la cancelación de la personalidad jurídica de algunas organizaciones y a la inhabilitación de candidaturas, descartando, por el momento, modificaciones en el cómputo municipal.
“Los resultados de las agrupaciones que quedan con ‘cero’ votos, en ningún sentido no corresponde ningún tipo de corrección ni de participación en este cómputo departamental de sus delegados, habiéndose dispuesto a la cancelación de su personalidad jurídica”, señaló.
No obstante, la controversia también ha abierto un debate jurídico. El abogado y ex vocal del TED, Saúl Paniagua, advirtió que el derecho a la participación política no puede ser restringido, incluso en contextos de irregularidades administrativas.
Según explicó Paniagua, tanto la Constitución Política del Estado como la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan el derecho de los ciudadanos a votar y ser elegidos en procesos auténticos, por lo que cualquier decisión que afecte ese derecho, especialmente cuando involucra a miles de votantes, debe ser revisada.
“Si se cercena el derecho de participación, aunque sea de una sola persona, se configura un acto ilegal; con mayor razón si se trata de miles. Si corresponde repetir la votación, debe hacerse”, sostuvo.
Mientras tanto, en San Ignacio crece la presión social y política para que las autoridades electorales adopten una decisión que restituya la confianza en el proceso y respete la voluntad expresada en las urnas.