La decisión de Nueva Generación Patriótica (NGP) de retirarse del balotaje por la Gobernación de La Paz no solo dejó fuera de carrera a su candidato René Yahuasi; también activó una crisis política que ahora trasciende al partido y se instala en el terreno institucional, con dudas sobre la legitimidad del proceso y los límites de la normativa electoral.
Con apenas un año y ocho meses de vida, NGP pasó de presentarse como una alternativa emergente a convertirse en el epicentro de una controversia nacional. La sigla, impulsada por el empresario cochabambino Édgar Uriona —quien, según su entorno, no se encuentra en el país—, ya arrastraba cuestionamientos por su débil estructura y su carácter de “taxipartido”, una etiqueta que alude a organizaciones sin bases ni militancia consolidada.
La crisis se precipitó cuando la dirigencia decidió declinar su participación en la segunda vuelta, pese a que Yahuasi había manifestado su intención de continuar en carrera. La medida, asumida desde la cúpula, abrió un debate de fondo sobre la institucionalidad partidaria y sobre quién define una candidatura: la estructura política o el candidato respaldado por el voto ciudadano.
El escenario se tensó aún más tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de aceptar la declinatoria. En un departamento con cerca de dos millones de electores, la determinación dejó un vacío en la competencia y generó cuestionamientos sobre su encuadre legal y su impacto en la voluntad popular.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga calificó el hecho de “un golpe a la democracia” y exigió revertir la medida, advirtiendo que la salida de NGP distorsiona la competencia electoral y proyecta dudas sobre la legitimidad del eventual ganador, Luis Revilla.
Los antecedentes del propio partido refuerzan esa lectura. En la elección nacional de 2025, NGP intentó posicionar como candidato a Jaime Dunn, un especialista en análisis financiero, cuya postulación fue descalificada por falta de documentación. Tras la reciente polémica, Dunn fue más allá y calificó al sistema de partidos como “una cloaca”, en alusión a prácticas que, según dijo, distorsionan la competencia.
Pero, el punto más sensible del conflicto emerge desde el propio órgano electoral. El vocal del TSE, Carlos Alberto Goitia, advirtió que la Ley 026 de Régimen Electoral no establece con claridad las sanciones aplicables en casos como este. “La ley dice que se impondrá una sanción, pero no precisa cuál”, afirmó, dejando en evidencia un vacío normativo que limita el margen de acción, en medio de exigencias para anular la personería jurídica de NGP.
El partido de Uriona, quien residió por varios años en Estados Unidos, no obstante, logró alianzas con los candidatos de la alianza oficialista Patria para los balotajes en Tarija y Beni.
Desde el Ejecutivo, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, marcó distancia y señaló que se trata de un conflicto interno de NGP que debe ser resuelto por el órgano electoral, descartando cualquier intervención del Gobierno, mientras que varios sectores anticiparon movilizaciones de protesta a partir de este lunes.
Escenario
Acuerdos. Cuadros de NGP apoyaron Adrián Esteban Oliva en Tarija y a Jesús Egüez para el de Beni. Ambos candidatos son parte de la alianza oficialista Patria.
Caso Dunn. Jaime Dunn fue propuesto por Uriona para las elecciones nacionales. Su candidatura no prospero. El especialista en análisis financiero asegura que hay partidos que cobran por el de sus siglas
Sistema debilitado. El resultado de los comicios del 22 de marzo dejó un escenario extremadamente fragmentado en todo el país. Eso sí, de acuerdo con varios analistas, en este proceso tuvo mayor relevancia el peso de los caudillos y líderes que el de las organizaciones políticas.