El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habría rechazado, el pasado 20 de enero, dos recursos presentados por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), con lo que quedaría definida la cancelación de su personería jurídica y se habilita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a proseguir el trámite que deja fuera de carrera a ese partido para las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026.
La decisión, que afecta a la organización liderada por el alcalde cruceño Johnny Fernández, se conoció de manera extraoficial y no fue acompañada por una posición pública de la dirigencia ucesista.
De acuerdo con información difundida por el medio digital Urgente.bo, la Comisión de Admisión rechazó tanto una acción abstracta como una acción concreta de constitucionalidad interpuestas por UCS para mantenerse en el proceso electoral. Desde el TCP se indicó a EL DEBER que el próximo lunes se emitirá una declaración oficial sobre estas determinaciones.
La acción abstracta cuestionaba el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas, que dispone la pérdida de personería de los partidos que no alcanzaron el 3% de votación en el último proceso electoral. En tanto, la acción concreta buscaba archivar el procedimiento iniciado por el TSE para cancelar la personería jurídica de UCS. Ambos recursos fueron desestimados, por lo que el órgano electoral debe continuar con el proceso, tal como ocurrió anteriormente con ADN.
Posiciones
Pese a las consultas realizadas por los medios, UCS no emitió un pronunciamiento oficial. El candidato a alcalde Luciano Nagrete, sostuvo que no existe notificación formal del TCP y que, en su criterio, el partido “sigue en carrera”.
En contraste, el candidato a alcalde por VOS, Carlos Manuel 'Mamén' Saavedra, quien en septiembre del año pasado denunció ante el TSE la situación legal de UCS, afirmó que la decisión del TCP “cierra uno de los capítulos más tristes y oscuros de la historia de Santa Cruz” y acusó a la organización de intentar sostenerse “metiendo recursos por la ventana y usando chicanerías jurídicas”.
“El TCP dijo no a la trampa y sí al cumplimiento de la ley”, concluyó Saavedra.