La elección de un alcalde en suplencia no logró consenso en el Concejo Municipal, donde la bancada de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) logró apoyo del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que el alcalde Jhonny Fernández siga ejerciendo funciones desde el penal de Palmasola. Tras casi dos horas de debate, el tratamiento del tema fue postergado para una próxima sesión.
El órgano legislativo abrió ayer el debate sobre la situación legal de Fernández y la posibilidad de designar un suplente. Para ello se requieren seis votos y, según la normativa, el suplente debe ser del mismo partido político del titular. Sin embargo, el tema ni siquiera llegó a votación. La bancada de UCS encontró respaldo en concejales del MAS para que Fernández continúe ejerciendo funciones desde el recinto penitenciario.
Antes de iniciar el debate, el asesor del Concejo, José Antonio Oña, dio lectura a un oficio que ingresó minutos antes a la sesión. En el documento, el Gobierno Municipal informó que el alcalde cuenta con autorización judicial para recibir documentación oficial en el penal. Se trata de una nota enviada al gobernador del penal de Palmasola, en la que la jueza Alejandra Menacho autoriza el ingreso de funcionarios municipales al recinto penitenciario para que puedan llevar documentos que requieran revisión y firma de la autoridad edil.
Tras conocerse este documento, el concejal del MAS, José Quiroz, planteó declarar un cuarto intermedio hasta el lunes, con el objetivo de analizar con mayor detalle la situación legal del alcalde y revisar jurisprudencia en casos similares, como el de autoridades que ejercieron funciones pese a estar detenidas.
Su colega de bancada Rosario Callejas sostuvo que la normativa es clara y establece que un alcalde solo puede ser destituido cuando existe una sentencia ejecutoriada. En ese sentido, advirtió que una decisión distinta podría derivar en el delito de resolución contraria a la Constitución y a las leyes.
“Para que exista pérdida de mandato debe existir una sentencia condenatoria ejecutoriada, pero el presente caso se encuentra dentro de un proceso de investigación, por lo que no podemos violar lo establecido por ley. No nos olvidemos que firmar resoluciones que no tienen sustento legal o que van en contra de la ley también es un delito”, argumentó Callejas, al dejar en claro su rechazo a la designación de un alcalde interino.
Ante estas observaciones, el presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, aclaró que en el debate no se está planteando la destitución del alcalde, sino la posibilidad de designar una suplencia mientras guarda detención preventiva.
Desde UCS, la concejala Andrea Negrete afirmó que no existe impedimento legal para que Fernández continúe ejerciendo sus funciones, tal como ocurrió en otros casos de autoridades que gobernaron mientras enfrentaban procesos judiciales.
En la misma línea, la concejala Gabriela Garzón sostuvo que su bancada se rige por lo que establece la norma y considera que no hay impedimento para que el alcalde ejerza funciones desde el penal, más aún cuando cuenta con autorización judicial para firmar documentos. Añadió que el Gobierno Municipal tiene una estructura institucional compuesta por secretarías, que permite sostener la gestión administrativa.
Garzón también advirtió que cualquier decisión que incumpla la normativa vigente podría derivar en procesos legales contra quienes la impulsen.
No obstante, el concejal opositor Alberto Vaca expresó su preocupación por una posible obstaculización en la investigación.
Por su parte, la concejala Lola Terrazas señaló que, si bien el alcalde tiene autorización para firmar documentos, ejercer el cargo implica mucho más que esa función. Recordó que la normativa asigna 26 atribuciones específicas al alcalde, muchas de las cuales requieren presencia y gestión directa.
“No estamos hablando solo de 100 días, tres meses y una semana; estamos ante un impedimento de ejercer el cargo de manera prolongada (…) hay que ser responsables con la ciudad, porque no puede caer en un abandono total por la falta de un alcalde que ejerza de manera presencial”, sostuvo Terrazas.
Tras el debate, el Concejo Municipal resolvió solicitar un informe a la jueza del caso para aclarar el alcance de la autorización judicial. Una vez recibido el documento, se convocará a una nueva sesión para definir si corresponde o no designar a un alcalde interino.
Fernández es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, vinculados a presuntas irregularidades en proyectos viales contemplados en el plan de pavimentación 2023. El Ministerio Público realiza inspecciones a los lugares observados por la Contraloría General del Estado.