La única “tía” detenida en la cárcel de Palmasola por orden de la justicia, imputada por ultrajes físicos a niños en guarderías de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, rompió el silencio y expresó su voluntad de someterse a un procedimiento abreviado y aceptar una condena. Es Dieny Gutiérrez Cordano, la educadora que durante las jornadas de descongestionamiento judicial que se desarrollaron en la cárcel de Palmasola, asistió a las audiencias en el pabellón femenino.
El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, después de recibir las denuncias de padres de familia que descubrieron que sus niños eran golpeados por las educadoras llamadas “tías”, cuando merecían ser tratados con todas las consideraciones bajo el amparo de las normas.
La “tía” Dieny Gutiérrez Cordano salió de su celda del pabellón de mujeres en la cárcel y se dirigió hasta el coliseo donde se desarrollaban las jornadas de descongestionamiento judicial por el Tribunal Departamental de Justicia, el Ministerio Público y la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario.
La educadora tomó contacto con la fiscal encargada del caso, Evelin Domínguez, y se sentó frente a la juez anticorrupción y violencia Vivian Balcázar. Expresó su voluntad de aceptar un procedimiento abreviado y una condena de tres años de cárcel por violencia familiar y doméstica. Sin embargo, la juez consideró que, si bien la media alternativa está amparada por la norma, es necesario analizar y hacer valoraciones con la Fiscalía para tomar la decisión.
La juzgadora fijará nueva audiencia para resolver el pedido por considerar que es la Fiscalía la que debe llegar a un acuerdo con la imputada y hacer conocer la decisión a las víctimas. Asimismo, la juez es del criterio de que para llevar adelante un procedimiento abreviado se debe convocar a las víctimas.
En las investigaciones de la Fiscalía y la Felcv figuran otras dos educadoras que permanecen prófugas y declaradas en rebeldía por la justicia porque nunca comparecieron ante las autoridades. Se trata de Carmen Patricia Muller Ruiz y Melania Aguilar que también están imputadas pero que no fueron habidas fueron declaradas rebeldes.
Las víctimas
La historia de las educadoras se remonta a mediados de noviembre de 2024 cuando padres de familia denunciaron que sus hijos, desde los 4 años hasta los seis, eran golpeados con saña por las educadoras en una guardería de la zona del barrio Magisterio Sur.
Las denuncias fueron sentadas por madres que detectaron a sus hijos con hematomas, moretes y mostrando miedo y temor. Todo quedó al descubierto con imágenes de cámaras de seguridad que revelaron los ultrajes que causó indignación en la sociedad.
Una de las madres testificó que “mi bebé fue una víctima más de estas abusadoras, como más niños. Algunos ya confirmados con cámaras de seguridad que recién pusieron en septiembre en la guardería”, dijo. Otra madre manifestó que “mi niño siempre me llegaba con moretones, incluso una vez me llegó con un chichón en la cabeza y nunca nos informaban porqué”, relató.
La afligida mamá contó que la «tía» le hacía creer que su hijo era conflictivo en la guardería. Sin embargo, las imágenes destaparon los hechos y un verdadero escándalo repudiado por la sociedad.
Las autoridades del Ministerio Público y la Felcv, rescataron imágenes de las cámaras de seguridad y se identificó al menos a tres educadoras implicadas en la violencia. Dieny Gutiérrez Cordano, fue la primera y la única en ser aprehendida. Cuando fue convocada a declarar en la Fiscalía decidió guardar silencio.
Cámaras manipuladas
Para las víctimas, no fue suficiente destapar el caso porque solo una de las responsables fue detenida y enviada a la cárcel. Consideran que pese a existir cámaras de seguridad ninguna autoridad superior del municipio descubrió nada. Una de las madres asegura que hay evidencias de que las cámaras de seguridad fueron manipuladas para hacer desaparecer imágenes clave para favorecer a las principales responsables de los hechos de violencia.
Las víctimas consideran que con una sola persona detenida el caso quedó estancado y no hay señales claras para su esclarecimiento total. “No detienen a las dos prófugas, peor identifican a otros responsables de mayor jerarquía que permitieron estos abusos con niños inocentes y que no pueden defenderse. Esto va camino a la impunidad”, dijo una mamá.