“(El abogado) Waminqa Serrano me entregó sus documentos y me pidió que analice su derecho propietario, así lo hice, y asistí a una segunda audiencia, cuando él trajo un plano sepia impreso y con el nombre de Crapuzzi escrito con marcador. Le dije que el plano era falso y me respondió que yo estaba atentando contra su derecho propietario; le aclaré que los nombres de los propietarios no se escribían con marcador y que los planos ya estaban digitalizados desde 2018. Y después aparecieron planos adulterados en las oficinas y escritos con lápiz. Entiendo que la Dirección Jurídica ha iniciado un proceso por adulteración de planos”, admitió Blanca Alicia Rojas, directora de Regulación Urbana de la Alcaldía cruceña.
Las aseveraciones las hizo ayer en el Concejo, durante la respuesta a una Petición de Informe Oral (PIO), solicitada por el concejal Federico Morón.
Por su parte, Diego Akamine, director de Ordenamiento Territorial, confirmó que no consta el nombre del señor Miguel Crapuzzi en los planos sepia de la ciudad, a pesar de que se hizo una digitalización de los documentos previamente al conflicto por el derecho propietario del Mercado Mutualista. “Este no es el único proceso con la magistrada, hay otros tres procesos con sentencias a favor de privados y en contra de lo que ya tiene inscrito el Municipio”, dijo sobre Isidora Jiménez, integrante del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que junto a Petronilo Flores falló en julio de 2024 a favor de Miguel Crapuzzi, quien se atribuye el derecho propietario de las casi cinco hectáreas sobre las que se encuentra el Mutualista. La sentencia recién fue notificada en diciembre de ese mismo año.
Federico Morón agregó que según la respuesta a una de sus Peticiones de Informe Escrito (PIE), ni José Quiroz ni Juan Carlos Medrano, concejales que sacaron a la palestra planos sepia favorables a Crapuzzi, ingresaron sus pedidos de plano oficialmente en esa época. “De hecho, Medrano lleva su plano sepia para que lo legalicen, así me lo ponen en la respuesta que me llegó el 17 de diciembre de 2024”, remarcó.
Contradicción municipal
Otro momento álgido durante el desarrollo de la PIO, que quedó grabado en la transmisión de la sesión, se dio cuando la presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, reclamó que, contrariamente a lo expuesto oralmente, en respuesta a una PIE le entregaron como verdadero el plano sepia que los funcionarios tildaron como adulterado.
Esta ‘confusión’ se suma a una anterior, de conocimiento público, cuando en enero de 2023, el Ejecutivo respondió a otra PIE, negando la existencia de antecedentes de derecho propietario de la Alcaldía sobre los predios del Mutualista.
Presión
En su fallo de julio, el TCP ordenó a la Alcaldía que entregue los planos documentos catastrales a Crapuzzi, y le dio un plazo de cinco días. Esta semana, la Sala Constitucional Tercera, la misma que dejó sin efecto la Ley 417, que declaraba el terreno del Mutualista como bien municipal, amenazó con remitir obrados al Ministerio Público en contra del alcalde Jhonny Fernández por desacato.
Desde el Concejo Municipal lamentaron que los magistrados del TCP sobrepasen sus atribuciones con intimidación, ya que la sentencia 0531/2024-S3, de julio del año pasado, se amenaza con la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de investigación, “contra cualquier persona que obstaculice el cumplimiento del fallo”.
El concejal ‘Mamén’ Saavedra remarcó que la sentencia del TCP no define derecho propietario de los terrenos del Mutualista. “Si están exigiendo al Mutualista los papeles, eso tendrá que hacerse en función de que se cumplan los requisitos, cosa que es fundamental”, dijo.
En la misma línea, la legisladora Lola Terrazas aseveró que la sentencia del TCP es “inejecutable porque va contra la CPE y el ordenamiento jurídico”, y que nadie irá preso por no entregar los papeles que exige Crapuzzi.
Sobre lo ocurrido ayer en la PIO, Terrazas dijo que una vez más el caso cayó y se evidenció que hubo participación del Ejecutivo para favorecer a Miguel Crapuzzi. “Lo que sucedió hoy (ayer) es vergonzoso y demuestra que el Ejecutivo sí tiene participación en la falsificación y adulteración de documentos para que Crapuzzi arme el caso y pretenda ganarlo”, recalcó.
Visión jurídica
Según el abogado Juan Mario Bravo, el caso del mercado Mutualista es “singular” por una serie de situaciones que se dejaron al aire desde su germen, y agregó que “nació muerto”.
Cuestionó el acto de postulación de Miguel Crapuzzi Zeballos, tras décadas de inactividad en términos de alguna defensa o reclamo de herencia (37 años), de nada menos que un mercado público, desarrollado a la vista de todos.
En segundo lugar, observó que el reclamo se torne en constitucional a través de una Acción de Amparo, resuelta en 1ª instancia el 8 de noviembre de 2023 por vocales de Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, pero iniciada en el Juzgado de Pailón, remitida por falta de competencia, “pero curiosamente con Auto de Admisión sin anular, presentada sin declaratoria de Herederos y sin declaratoria de aceptación de herencia, que son trámites distintos, razón suficiente para demostrar que no tenía legitimación para demandar”.
Bravo agregó que, quienes suponen o suponían tener derechos sobre las cinco hectáreas del Mutualista, o si se quiere, sobre una pretendida indemnización, tenían “abundantemente vencidos los plazos que la ley determina”.
Para el abogado, no existe, ni siquiera a primera vista, apariencia del modo de adquirir la propiedad por sucesión mortis causa, prevista por el artículo 110 del Código Civil, considerando lo que relata el accionante (Miguel Crapuzzi).
Otros casos
Sobre las declaraciones de Diego Akamine, de Ordenamiento Territorial, de la pérdida de tres casos con la magistrada Isidora Jiménez, la concejala Lola Terrazas dijo que ya está haciendo la solicitud de información respectiva, dado que la PIO de ayer, al ser exclusivamente referida a los planos sepia, no podía aclarar otros casos.
En abril del año pasado, en similar situación a la del Mutualista y la presión a través del Ministerio Público, la Fiscalía citó a declarar al alcalde Jhonny Fernández por el presunto delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, a denuncia de Ysidro Umaña Pereda, en el caso de devolución de un bien municipal. En 2019, Umaña tenía orden de aprehensión por falsedad material, a denuncia de la anterior gestión municipal.