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Sala Constitucional manda que remitan informes sobre proyecto carretero que amenaza acuíferos

Viernes, 10 de noviembre de 2023 a las 11:15
Ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) que facilite las fichas ambientales y documentación relacionada con la zona de recarga acuífera de Güendá- Urubó

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió conceder en parte la Acción Popular activada por la diputada María René Álvarez, en defensa de los acuíferos de la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural (UCPN) Güendá- Urubó.

“Lo que hemos logrado con esta Acción Popular es que el Gobierno transparente la información sobre este proyecto para que los directos interesados, Gobernación, municipios y pueblos indígenas conozcan las fichas ambientales y se pueda confirmar el daño ambiental que se pretende realizar sobre nuestros acuíferos y aguas subterráneas”, explicó la diputada.

La audiencia de Acción Popular interpuesta por la legisladora se realizó en esta jornada, con presencia de funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), y con la notificación realizada al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF,) a quienes se activó este recurso por las amenazas ambientales que implica el proyecto carretero Km 13 La Guardia - Buena Vista.

Los vocales concedieron la tutela parcial a este recurso y ordenaron que el MMAyA “entregue respuesta motivada y jurídica, así como las fichas técnicas ambientales” en el plazo de 15 días hábiles, para que luego se remita esa información a la Gobernación de Santa Cruz, municipios afectados con el proyecto, así como al nivel central y terceros interesados.

Pese a la notificación a la CAF, por ser el ente financiador del proyecto carretero, los vocales consideraron que como organismo internacional no debía ser parte de la audiencia.

El petitorio solicitaba conceder tutela a la Acción Popular, para dejar sin efecto las licencias ambientales emitidas por el MMAyA, hasta que se realice un estudio ambiental público, además de pedir que el Gobierno, mediante sus ministerios y la ABC, haga partícipes sobre cualquier acción tomada a las autoridades jerárquicas de Santa Cruz y de la zona Güenda - Urubó, que tengan relación con sus derechos vitales, como es la provisión de agua.

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