Este jueves, la Justicia determinó que el 'Caso Decretazo' quede extinguido. En la mañana, al promediar las 08:30, se realizó la audiencia en la que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, enfrentaba acusaciones por haber delegado sus funciones a un secretario departamental en lugar del vicegobernador electo, Mario Aguilera.
Tras instalarse el juicio oral, el proceso fue declarado concluido debido a que se cumplió el plazo máximo de tres años de duración establecido por ley. El gobernador cruceño había sido imputado por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, a raíz de la cuestionada designación de un secretario antes que al vicegobernador Aguilera, durante la gestión 2022.
"Se terminó la extinción del proceso por duración máxima del tiempo previsto, que son tres años, se sobrepasó con muchísimo tiempo y no fue un tema atribuible a mí. Yo asistí a todas las audiencias virtuales desde Chonchocoro. Esto fue atribuible al Viceministerio de Transparencia Institucional, fue atribuible a la Procuraduría y al Ministerio de Gobierno que nunca quisieron trasladarme para poder estar presente en la audiencia, indicó Camacho.
El proceso estaba relacionado con la emisión del decreto 373 en marzo de 2022. En aquella ocasión, Camacho viajó a Brasil y dejó el mando en manos del, entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, desplazando Aguilera.
Camacho asistió a la audiencia con semblante tranquilo, acompañado de su abogado, Martín Camacho. Asimismo, Aguilera se presentó en calidad de testigo.
En nuestra legislación, en cumplimiento además, en tratados y convenios internacionales, existe un plazo que debe permanecer, o que puede permanecer abierto, un proceso donde exista la persecución penal indefinida porque esto generaría justamente abuso, vulneraciones respecto al derecho a los procesos y a la presunción de inocencia. En ese entendido, un proceso en Bolivia debe tardar tres años en ser resuelto, caso contrario debe extinguirse, explicó el abogado.