Piden destitución y cautelar al director del INRA en Santa Cruz por el caso Las Londras

Transparentar las investigaciones del caso Las Londras centra su atención y pedido en la destitución inmediata y cautelar preventivamente al director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, Adalberto Rojas. Esa es la lectura que hace la diputada cruceña María René Álvarez (Creemos), quien hace seguimiento al caso.

El pedido se da días después de que saliera a la luz que el propio Rojas admitiera y se lamentara por apoyar a sus organizaciones sociales, según los mensajes hallados en sus teléfonos celulares y que le fueron confiscados el pasado 3 de noviembre.

Y es que las pesquisas de las autoridades develaron que en los teléfonos de Adalberto Rojas encontraron mensajes que mantenía con supuestos avasalladores de tierras. “Mirá lo que me estoy ganando por apoyar a nuestras organizaciones sociales”, es una conversación con uno de sus allegados políticos.

“Pedimos la destitución inmediata de Adalberto Rojas. Es, además, una necesidad para que este proceso (investigaciones en caso Guarayos) sea transparente. Rojas debe ser cautelado por los delitos cometidos (según) sus propias declaraciones”, puntualizó la legisladora cruceña.

La autoridad mencionó que el seguimiento realizado a las denuncias de avasallamiento a tierras privadas y tierras fiscales en la Chiquitania dan la razón sobre la gravedad del problema que involucra a altas autoridades del Estado a partir de una estructura de interés político.

“Aquí hay un complot y una planificación desde el Gobierno Central, desde el INRA, desde la ABT, el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, la Policía que lamentablemente causan esta incertidumbre en Santa Cruz. Quieren trasladar a Santa Cruz un Chapare dos”, cuestionó Álvarez.

Por otro lado, Álvarez exteriorizó que, ante la poca celeridad y actuación de las autoridades obre estos delitos, se prevé llevar las demandas hasta organismos internacionales. “Estamos haciendo las denuncias a distintas instancias internacionales porque no puede quedar impune cuando se atenta contra la integridad física de la persona, contra la vida y los derechos humanos que tenemos todos los bolivianos”, recriminó la autoridad.

Hay otra denuncia

Pero eso no es todo, ya que un particular, propietario del predio Río Grande, en Pailón, denunció a Rojas, por los delitos de incumplimiento de deberes y beneficio en función del cargo. El afectado indicó que una centena de personas ingresaron a su propiedad hace ocho meses cortando los alambres e instalaron sus carpas.

El afectado añadió que, hasta la fecha, los avasalladores no se han retirado del lugar.

“El INRA nos dio la razón a nosotros y notificaron a los avasalladores que (el predio) reúne todos los requisitos de ley y que tiene saneamiento”, informó sobre el caso la abogada del propietario a los medios de prensa.

La jurista explicó que la denuncia contra Rojas se da luego de que este se haya negado a autorizar una resoluciónpara que un contingente policial se traslade hasta la propiedad Río Grande en Pailón para realizar el desalojo.