El trabajo periodístico está bajo ataque constante y ahora el gremio denuncia una persecución política y acoso judicial, con la citación de siete periodistas por el bloqueo de Mairana que involucra a un concejal.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), Maggy Talavera, que es parte de la lista, considera que se vulneran derechos. “Lo calificamos como un acoso judicial y persecución política, porque no corresponde una citación. Es una forma de amedrentarnos el tratar de restringir las libertades que tenemos como trabajadores de la prensa”, protestó.
De acuerdo con la citación, ella debía presentarse el viernes 14 de febrero ante el fiscal anticorrupción, Hernán Kiffer Aranda, para declarar como testigo en el caso ocurrido en octubre y noviembre del año pasado, cuando hubo violencia en Mairana, protagonizado por bloqueadores que respaldaban a Evo Morales.
“Están desconociendo la Ley de Imprenta que nos asiste”, dijo Talavera al señalar que hay una serie de irregularidades en la citación que tiene fecha el 3 de febrero, pero llegó por Whatsapp el 12.
La asesora de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, dijo que harán prevalecer la Ley de Imprenta y se está manifestando que, en el caso de Talavera y Marco Zabala, no estuvieron en el lugar de los hechos.
La abogada cuestionó que las irregularidades llegan al colmo de que, por ejemplo, en el caso de Romer Castedo enviaron la plantilla sin rellenar, por lo tanto, no colocaron ni la fecha donde supuestamente debía presentarse.
La defensa de los periodistas presentará dos memoriales en el proceso que sigue el Ministerio Público de oficio en contra de supuestos autores por el delito de terrorismo y otros en contra de Gilbert Tapia Cordova.
Recuerdan que se debe respetar el derecho al secreto de guardar la fuente de información.
En el caso Rossana Margoth (Maggy) Talavera Román y Marco Zabala, ellos no son testigos presenciales de los hechos que el Ministerio Público investiga, porque su labor se limitó exclusivamente a realizar un trabajo periodístico, razón por la cual no pueden ser convocados.
Además, consideran que con esta citación se pretende hacerlos incurrir en la violación al secreto de fuente de información y se constituye en un amedrentamiento y hostigamiento al ejercicio libre e irrestricta de la profesión y del trabajo periodístico.
Recuerdan que el Art. 8 de la Ley de Imprenta establece que el secreto en materia de imprenta es inviolable, por lo cual no pueden ser testigos por ejercer el oficio del periodismo
En este sentido, piden que se deje sin efecto la citación de comparecencia en calidad de testigo y cualquier emisión de mandamiento de aprehensión.
También presentarán otro memorial por la situación de Romer Castedo, Ricardo Pedraza y Josue Chuvé, donde se recuerda que ellos pueden ser testigos presenciales, pero también indican que ya han declarado y ahora se los pretende revictimizar. “Lo que corresponde es presentar lo que ya han declarado ante la fiscal Margoth Vargas y que eso sea usado para este caso”, dijo la abogada.
Daniel Castro, de la Asociación Nacional de Periodistas, manifestó que este caso es uno más del acoso judicial y policial. Pidió al fiscal general del Estado, Róger Mariaca, ratificar su compromiso de trabajar “para encontrar la verdad, pero defendiendo los derechos de los ciudadanos y que se cumpla lo que corresponde a la libertad de expresión y de prensa que está vigente en este país”.
Al respecto, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, calificó como un atropello la notificación. “Lo que hacemos los periodistas, cuando realizamos la cobertura, es verificar lo que está ocurriendo en el lugar de los hechos, pero en ningún caso lo hacemos como testigos”, precisó. “Esta convocatoria vulnera la normativa que rige la actividad periodística, la Ley de Imprenta, donde existe protección a las fuentes informativas que consultan los periodistas en la cobertura de cualquier hecho noticioso y otorga garantías plenas para el desempeño del trabajo periodístico en el país”, recalcó.
Por su lado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que no comparte la citación a los comunicadores. “Los periodistas cumplen una función de informar en función al trabajo que vienen realizando, por lo cual no comparto que se los convoque a declarar”, dijo Ríos.
El fiscal general del Estado anticipó que pedirá informes de este caso tanto a los representantes del Ministerio Público de La Paz y Santa Cruz.
Cobros en el Carnaval de Oruro
Otro hecho también preocupa al gremio es sobre cobros para la cobertura en el Carnaval de Oruro. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro declaró persona no grata a la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, luego que se manifestara en contra de los cobros arbitrarios que se intenta imponer en la otorgación de credencial para la cobertura del Carnaval.
Por su lado, el sindicato de Oruro, a través de un pronunciamiento, señala que Alanes afectó la dignidad de la institución. “Como dirigente nacional debía buscar un espacio de diálogo y agotar esta instancia antes de hacer declaración con criterios equivocados y pleno desconocimiento de los antecedentes para la acreditación de periodistas”.
Al respecto Alanes manifestó que el Sindicato de Oruro se atribuye la capacidad de imponer un monto para la extensión de credenciales, a lo que, junto con la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, vienen rechazando desde 2024. “Lamentablemente el año pasado no tuvimos tiempo para hacer el reclamo ante todas las instancias, porque consideramos que se trata de una grave vulneración a la libertad expresión, a la libertad de prensa y al derecho al acceso a la información de la población”, manifestó.
Recordó que como Asociación Nacional de Periodistas tienen una representación en Oruro. “Es una institución centenaria, está a punto de cumplir 100 años. Hemos acordado que se debe garantizar plenas condiciones para el trabajo periodístico, sin ningún tipo de restricciones,”, dijo Alanes.
La Defensoría del Pueblo ha instruido que su representación en Oruro intervenga, pero emitido un comunicado en el que señalan que han hecho solicitudes de informes y ayer indicaron que hay voluntad de diálogo de las partes.
La ANPB solicita que se tome en cuenta la normativa internacional, dado que el Carnaval de Oruro es declarado Patrimonio Cultural e Intangible de la Humanidad y la Unesco tiene una normativa muy clara para poner en valor una manifestación folclórica y cultural, como es el Carnaval de Oruro, pero también proyectarlo sin restricciones.