En los operativos realizados por la Policía en la subcentral Pailitas, ubicada en el municipio de El Puente de la provincia Guarayos, se aprehendió a tres trabajadores agropecuarios que portaban armas de fuego y la Fiscalía emitió una orden de captura contra el empresario Álvaro Tomás B., que es acusado de la muerte de Félix Ribera Bellido (23), viviente de San Julián.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que esta intervención tenía la finalidad de dar con el paradero del empresario Álvaro T. B. y por ello se realizaron allanamientos en sus propiedades de los municipios de Minero y San Pedro, y otra en la localidad de Santa María.
Sin embargo, este empresario no fue hallado, pero sí se detuvo a tres trabajadores que portaban escopetas y municiones de manera ilegal. Uno de ellos tenía municiones similares a las usadas para acabar con la vida del joven de 23 años, durante los enfrentamientos en Pailitas registrados el 2 de diciembre. Aguilera indicó que en la Fiscalía citó al empresario para que declare por el enfrentamiento en Pailitas, pero no asistió. Además, indicó que también esta investigado por desviar el curso de un río y afectar a una reserva forestal de la zona, con la finalidad de beneficiar a su propiedad. “El empresario hizo caso omiso a una citación. En este momento, el Ministerio Público ha librado una disposición que permite alertar a la Policía Boliviana a lo largo de todas sus fronteras. Es decir, que existe un requerimiento fiscal con una alerta migratoria que va permitir que podamos aprehender al señor El viceministro indicó que se están investigado a los empresarios que apellidan Molina porque en su propiedad encontraron algunos recibos de aportes económicos, que hacen presumir que avasallaban tierras fiscales en Pailitas para beneficiarse económicamente. Asimismo, indicó que en este conflicto en Pailitas, que provocó la muerte de Félix Ribera Bellido y dejó 14 personas heridas, tiene motivos económicos en los que están involucrados empresarios, y dirigentes de los Interculturales Norte de San Julián y de Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. “Estas personas cometen el delito de avasallamiento de tierras no solamente por intereses económicos, sino también por la posibilidad de generar aporques (técnica agrícola) de producción agraria a gran escala. Tanto los interculturales como de la Única (campesinos) y los empresarios privados, en este momento, se encuentran en posesión de estas tierras fiscales pese a que existe una restricción, una limitación de carácter legal. Evidentemente hemos encontrado a partir de estos recibos, que son además transferencias electrónicas, que existe una misión económica y se aprovechan en todos los casos de la vulnerabilidad económica de quienes son víctimas de avasallamiento”, lamentó Aguilera. Los tres aprehendidos por este caso fueron traídos hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la capital cruceña, en donde permanecen aprehendidos a la espera de ser puestos ante un juez cautelar.
Álvaro T. B”, agregó.