La jueza Cinthia Araujo, del juzgado de Sentencia penal N. 12 de la capital en Santa Cruz, negó la acción planteada por los tres aprehendidos en Puerto Quijarro que son acusados de la muerte de Julio Pablo Taborga (47), por esta razón se instaló la audiencia de medidas cautelares. Los sindicados en este proceso son: Rubén Mario F. G., Samuel R. M. y Jaime A. D., quienes son acusados del presunto delito de homicidio. “Lo que está investigando el Ministerio Público en Santa Cruz es un hecho por homicidio y se identificó a tres presuntos responsables del fallecimiento de una persona”, informó Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, sobre el caso. La acción de libertad se desarrolló de manera virtual desde las 16:00 de este lunes, en la cual la defensa legal de los acusados pidió que sean liberados tras denunciar que fueron capturados de manera irregular, sin órdenes de aprehensión y sin la presencia de un fiscal, además de que no les brindaron atención médica adecuada. La abogada de los imputados, Carmen Arispe, indicó a los medios que la jueza Cinthia Araujo negó el pedido de libertad argumentando que esa decisión debía tomarla el juez del proceso que tiene asiento en el municipio de Puerto Quijarro, donde se registraron los enfrentamientos que acabaron con la muerte de Julio Pablo Taborga. Fue así que pasadas las 20:00 se dio inició a la audiencia cautelar de Rubén Mario F. G., Samuel R. M., quienes ya fueron imputados formalmente por homicidio. Mientras que el tercer aprehendido, Jaime A. D., aún permanece internado en el hospital San Juan de Dios y el fiscal asignado al caso no le ha podido tomar su declaración, por lo que su audiencia será programada para otro día. La Fiscalía esta pidiendo la detención preventiva en Palmasola para los dos imputados que están siendo cautelados. Mientras que los abogados y familiares de los acusados insisten en que las aprehensiones fueron ilegales y con excesos. “Ayer por la mañana mi padre estaba descansando en su cama cuando ingresaron los policías a aprehenderlo, porque él ya venía delicado de salud, pues el sábado estuvo internado y le realizaron estudios de laboratorio cuando se registró el enfrentamiento que dejó un muerto”, explicó en contacto telefónico con EL DEBER. Carla Paola denunció que la aprehensión de su progenitor es ilegal y aseguró tener documentación y recetas médicas que confirman que Jaime A. D. no participó en los enfrentamientos en el puente internacional de Arroyo Concepción, perteneciente al municipio de Puerto Quijarro. “A los policías no les importó que mi padre estuviera mal de salud e ingresaron a detenerlo como un maleante, sin importar que había niños en la casa”, lamentó. Por su parte, la abogada Lizeth Shirley dijo que su cliente, Rubén Mario F. G., también se encuentra con estado delicado de salud y que los agentes de la Felcc no permitieron que sea llevado a un hospital pese a necesita ser evaluado por un cardiólogo porque tiene marcapasos. “Él estaba mal de salud desde hace semanas y por ello estaba conectado a equipos médicos porque es enfermó del corazón, pero pese a ello entraron a su vivienda 10 agentes del DACI (Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia) y se lo trajeron con los cables colgando”, lamentó.
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