Una nueva muerte violenta tuvo lugar esta semana en el penal de Palmasola, el más grande del país. José Alberto Salvatierra Rodríguez, privado de libertad por un proceso de asistencia familiar, fue estrangulado en la madrugada del martes, en el área de ambientamiento del PC-8, donde más de 180 internos comparten una celda sin condiciones mínimas de habitabilidad.
La investigación, desarrollada por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, identificó como autor del homicidio a Alexander Roca Suárez, también privado de libertad por un delito de violencia familiar y quien se desempeñaba como “encargado de disciplina” dentro de esa celda. La fiscal Rose María Barrientos imputó formalmente a Roca por el delito de homicidio, y ayer fue presentado ante la justicia. La jueza Janeth Paniagua ordenó su detención preventiva por 150 días, un formalismo porque este ciudadano ya está bajo custodia penal.
Durante la audiencia, Roca intentó justificar sus acciones asegurando que la noche del hecho, cerca de 180 reclusos dormían en el suelo y que Salvatierra “jugaba” caminando sobre sus cuerpos. Alegó que esta conducta provocó molestias entre varios internos, y que él lo tomó del cuello para “corregirlo”, llevándolo contra la pared donde lo asfixió. Roca sugirió además que otros internos participaron, pero la Fiscalía solo presentó pruebas en su contra como autor directo del crimen.
El pabellón PC-8 de Palmasola, donde ocurrió el crimen, se ha convertido en una zona crítica del penal. En apenas tres celdas se hacinan cerca de 500 personas. Los internos duermen en el suelo, sin colchones, entre cartones, y frazadas viejas en el suelo.
Este no es un hecho aislado. Desde enero se han registrado tres muertes violentas en Palmasola. El caso más alarmante fue el del 12 de ese mes, cuando una mujer que ingresó como visitante fue asesinada dentro del recinto. Tras ese crimen, el autor —su pareja, un interno— se quitó la vida. Días antes, el 3 de enero, otro privado de libertad murió de forma violenta en el penal de Cerprom en Montero, también bajo condiciones de hacinamiento.
Palmasola alberga actualmente a más de 9.500 privados de libertad, de los cuales aproximadamente 5.000 están en el pabellón más grande, el PC-4. El resto está distribuido en otros espacios, todos igualmente saturados. En el pabellón femenino viven más de 600 mujeres, muchas de ellas con hijos pequeños, lo que agrava aún más la crisis de sobrepoblación.
Régimen Penitenciario, en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia y el Ministerio Público, viene impulsando jornadas de “descongestionamiento judicial” para revisar causas estancadas, ofrecer salidas alternativas y resolver procesos que se encuentran paralizados. Sin embargo, los avances son lentos y limitados frente al volumen de personas detenidas preventivamente o sin sentencia, muchas sin recursos para contratar abogados ni apoyo familiar.
A pesar de que cientos de internos han sido beneficiados con medidas sustitutivas, el hacinamiento no se detiene. Organizaciones de derechos humanos han advertido durante años que las condiciones carcelarias en Bolivia vulneran sistemáticamente los derechos de las personas privadas de libertad. La falta de infraestructura, personal capacitado, atención médica y programas de reinserción, genera un ambiente de violencia permanente.