“Quiero dejar bien claro ante la ciudadanía que se hicieron todos los pasos correspondientes como indica la norma. Por eso cuando salió una convocatoria (a sesión), yo y Miguel Fernández nos opusimos a incurrir en ilegalidades”, dijo la concejala Gabriela Garzón para justificar su oposición al desarrollo de las sesiones 145 y 146 del Concejo Municipal del pasado martes 15 de abril.
Según Miguel Fernández, se cometió una ilegalidad al nombrar a Israel Alcócer como secretario interino “trucho” para esas sesiones, luego de que él se negara a asumir ese rol, como forma de rechazo a la convocatoria.
“Están vulnerando el artículo 34 y 35 del Reglamento del Concejo, sobre la ausencia del secretario. Ese día yo estaba presente y por encima de mi cargo como secretario electo en plenario en la gestión 2024 hasta mayo de 2025, se me vulneró”, argumentó.
Ambos concejales dieron conferencia de prensa ayer, luego de dos bochornosas sesiones el martes 15, una de las cuales tuvo que suspenderse por el acarreo de gente y la competencia por hablar más fuerte e imponerse, por un lado Silvana Mucarzel, tratando de seguir la sesión con micrófono, y por otro Garzón, saboteando a Mucarzel con megáfono.
La pugna surgió por dos razones. En primer lugar, porque la convocatoria fue realizada por la presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, con la presencia de Israel Alcócer, ambos electos por UCS, pero hoy desmarcados de las directrices de ese partido político.
En segundo lugar, porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pedido de la UCS, emitió un Auto, el 005/2025, del 12 de marzo de este año, de admisión de la figura de transfugio para Mucarzel y Alcócer. Una vez enterados de esto, ambos concejales apelaron a la decisión, recurso que actualmente se encuentra en análisis, y a la espera de una resolución final.
Consultada sobre el tema, Cristina Claros, presidenta del Tribunal Electoral (TED) de Santa Cruz, explicó que a ellos, como TED, les han puesto a conocimiento dos memoriales, uno que presentaron Silvana Mucarzel e Israel Alcócer, en el que hacen conocer que existe un recurso de revisión extraordinaria, y también una acción concreta de inconstitucionalidad.
Asimismo, indicó que al día siguiente, el delegado nacional de UCS Luis Alberto Antezana Pinaya, les hizo conocer que ya hay un Auto de registro del transfugio político (005/2025), emergente de un proceso interno que siguió el partido UCS a estos dos concejales.
Remarcó que toda resolución es impugnable, tal como han manifestado los vocales del TSE, y que incluso se prevé, contra resoluciones de los TED, un recurso de apelación y un recurso de revisión extraordinaria contra la resolución que emite el TSE.
“En este caso, la resolución de registro del transfugio político la emitió el TSE, al ser UCS un partido político de alcance nacional. Frente a esto se interpuso un recurso de revisión extraordinaria, y nosotros nos vemos impedidos, toda vez que ya se ha puesto a nuestro conocimiento el recurso, de ejecutar el Auto de registro (005/2025) y entregar nuevas credenciales (a los suplentes Dennis Guzmán y Stephanie Negrete) porque existe el derecho a la instancia”, explicó.
Hasta que no se resuelva ese recurso, agregó Claros, tendría que quedar en suspenso la ejecución del Auto de registro. Según ella, esto es similar a un proceso judicial ordinario, donde no se ejecuta la sentencia hasta que no se resuelvan los recursos que se puedan interponerse. “Pueden sesionar”, respondió a la insistencia de EL DEBER.
Derecho a la defensa
Una de las objeciones de Mucarzel y de Alcócer es que nunca fueron notificados sobre la resolución inicial de la UCAS, sobre declararlos tránsfugas.
Para Esteban Ortuño, doctor en Derecho Autonómico, existe un elemento, derecho al debido proceso, que también se aplica al ámbito administrativo, y no solo a lo procesal.
Recalcó que el procedimiento administrativo no solamente invoca a las instituciones públicas, sino también a las privadas, es decir a los partidos políticos. “No pueden ir contra la legislación nacional, UCS tiene que cumplir con la norma y la jurisprudencia nacional y constitucional. Todas las instancias que revisen todas las decisiones que tome UCS deben respetar el debido proceso, que no solo implica lo que establecen sus reglamentos, sino lo establecido en la CPE y el sistema de derechos y garantías. Nadie puede ser sancionado sin antes ser escuchado”, apuntó.
Por su parte, el analista José Orlando Peralta dijo que se ha judicializado la disputa política dentro del Concejo para que el oficialismo (UCS) tenga mayoría, “han buscado argucias para dejar de lado a Alcócer y Mucarzel, considerando que ambos han renunciado a la militancia”, observó.
Para Peralta, todo esto distrae de lo que es prioritario en la gestión pública, como la fiscalización y ver cómo está la ciudad. “Esta es una novela local con capítulos a diario, que perjudica al ciudadano y a la gestión, porque la ciudad está un desastre, en total abandono. Estamos viendo a un alcalde ya electoralizado, que ha descuidado la gestión en busca de ser candidato. Es algo perjudicial y ruin, esta pelea es muy baja”, criticó.
PARA SABER
ELECCIÓN EN MAYO
El 3 de mayo de este año finaliza la legislatura 2024/2025 y debe elegirse a la nueva directiva del Concejo, por eso la pugna se intensifica previamente a esa fecha. Esta nueva legislatura es el último año para introducir modificaciones a la ley a nuevas licitaciones.
DENUNCIAN ASFIXIA
Ayer hubo protesta en el Concejo por falta de pago de salarios, como medida de presión. Según el vocero de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, el Legislativo está separado del Ejecutivo, y debe cumplir ciertos procedimientos en el tema de las planillas.