Los contratos millonarios de aseo urbano y los reclamos de los vecinos por el mal servicio están en la agenda de los candidatos al sillón del Gobierno Municipal. Las propuestas para mejorar la gestión de los residuos giran en torno a la revisión de los contratos y la industrialización de los desechos sólidos.
En las propuestas no se advierten soluciones nuevas. Convertir los desechos ha sido la bandera en anteriores campañas electorales, pero la gestión municipal se ha limitado a renovar los contratos de aseo, en medio de cuestionamientos.
Pese a las coincidencias de que la ciudad está sucia y la preocupación por el destino final de los residuos, las soluciones planteadas no terminan de despejar el escenario. Se habla de rescindir contratos o de traer empresas para generar energía a partir de la basura, pero sin mencionar cómo se garantizará la transparencia.
Actualmente, el contrato para el sector A de la ciudad está vigente hasta 2030 y el monto supera los Bs 1.200 millones. Fue firmado en diciembre de 2022 por el alcalde Jhonny Fernández, que decidió terminar con el operador Vega-Solví. En el caso del sector B, el servicio ha sido adjudicado en los últimos tres años por invitación directa. Paralelamente, la Alcaldía busca la aprobación de un proyecto para instalar una planta de tratamiento de residuos sólidos, que sería entregada en concesión por 25 años.
Este tema acaparó el domingo gran parte del debate entre los aspirantes a la Alcaldía. En su plan de salvataje financiero municipal, Rafael Quinteros, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), propuso revisar los contratos para dar paso a la industrialización de los residuos sólidos. Según explicó, esta medida permitiría mejorar los ingresos propios de la Alcaldía.
“El municipio nunca más debe tener contratos concentrados en dos familias ni acuerdos que favorezcan a un alcalde. Vamos a invitar a empresas mexicanas para impulsar la industrialización de la basura, lo que representará un ahorro de Bs 2.000 millones para el municipio”, sostuvo.
Por su parte, Angélica Sosa, de Santa Cruz para Todos (STP), aseguró que la ciudad está sucia y que es necesario ajustar los contratos. “Tenemos un pésimo servicio. Es un contrato que mantiene a la ciudad sucia. Yo termino con ese contrato; nunca más la ciudad estará en estas condiciones”, afirmó. La candidata también alertó sobre la situación del vertedero municipal de San Miguel de los Junos, que según denunció, debido al manejo, existe riesgo de derrame de lixiviados que pueden contaminar las aguas del Río Grande.
Soo Huyn Chung, de Fuerza y Esperanza (FE), coincidió en la necesidad de impulsar la industrialización de los residuos. “La basura ya no es basura, sino dinero”, señaló el candidato, quien planteó generar energía a partir de los desechos o procesarlos para producir materiales destinados a la elaboración de cemento, que podrían utilizarse en la pavimentación de calles de la ciudad.
El candidato Manuel Saavedra, de VOS, reconoció que el contrato de aseo urbano en el sector A está vigente hasta 2030; sin embargo, cuestionó la adjudicación del servicio en el sector B. “La otra mitad se ha adjudicado a dedo. He sido el concejal (antes de su renuncia al cargo) que más denuncias ha presentado sobre este tema, porque la ciudad merece estar limpia”, afirmó.
Saavedra planteó realizar una licitación internacional para el sector B y, al mismo tiempo, encarar soluciones para la disposición final de los residuos urbanos.
El candidato sostuvo que actualmente el municipio destina más de Bs 100 millones al entierro de la basura, un costo que, según dijo, podría reducirse a cero si se implementa un sistema de aprovechamiento e industrialización de los residuos.
Rosario Schamisseddine, de Unidos, también ve como una alternativa al entierro sanitario la industrialización de los residuos sólidos.
El costo
La ciudad genera diariamente unas 1.600 toneladas de residuos sólidos.
La Alcaldía subvenciona cerca del 55% del servicio de aseo urbano, debido a que la recaudación de la tasa que pagan los vecinos, a través de la facturación de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) solamente suma Bs 14 millones al mes, mientras que el costo del servicio bordea los Bs 30 millones mensuales.
Actualmente la deuda contraída con los operadores privados de recojo de basura supera los Bs 200 millones y para los concejales opositores se trata de un servicio poco eficiente.