La contratación del personal municipal en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, durante varias gestiones, es visto como parte de los acuerdos políticos para permitir la gobernabilidad del alcalde, pero que se presta a casos de corrupción, aseguraron concejales opositores y analistas. Los casos más sonados son la contratación irregular de personal eventual en la gestión de la alcaldesa interina Angélica Sosa, denominado ítems fantasmas, y el ‘cobro por QR’, durante la gestión municipal de Jhonny Fernández.
El concejal José Alberti, de Comunidad Autonómica (C-A), dijo que la corrupción ha estado presente en las últimas gestiones municipales porque, debido a un mal manejo de Recursos Humanos, hay personas que reciben sueldos sin asistir a trabajar. Uno de los casos es el que se produjo por el ‘cobros por QR’, donde hay tres exfuncionarios investigados, entre ellos la exdirectora del Jardín Botánico Andrea Forfori. “Los contratos parciales o por consultoría, por ejemplo, son un negocio porque abre la posibilidad de pagar sueldos y salarios que no corresponden para la contratación fantasma. Esa persona existe, pero no trabaja en la comuna y su sueldo es cobrado por alguien de la Alcaldía”, sostuvo el concejal, agregando que se tiene que abordar un proceso para reformular la contratación de personal en el Gobierno Municipal. Alberti resaltó que los cambios deben partir por realizar exámenes de competencia o concurso de méritos a las personas con el perfil adecuado para ocupar los cargos de forma permanente. A decir del opositor, las contrataciones eventuales se prestan para la extorsión y el chantaje porque muchos funcionarios son obligados a entregar algún porcentaje o parte de su sueldo. En el caso del Jardín Botánico, según la denuncia, la contratación del personal era por cinco meses, pero en el contrato de estas personas decía seis meses y el restante tenía que ser cobrado por su superior.“Todo lo referente al manejo del personal viene siendo muy arbitrario y discrecional, por lo que ha generado importantes grados de corrupción”, acotó el concejal opositor. Dentro de la misma línea, el edil Juan Carlos Medrano, también de C-A, dijo que no existe el control adecuado a estos funcionarios municipales que no asisten a sus puestos de trabajo o que son obligados a entregar un porcentaje de su sueldo. “Los jefes y directores de departamento deberían, cada mes, ofrecer un informe sobre estos funcionarios. Lamentablemente es una cadena de corrupción que evita hacer el control, porque saben que estas personas responden a alguna autoridad y por eso no se le hace ningún tipo de seguimiento, convirtiéndose en cómplices de esta corrupción”, aseguró Medrano. Afirmó que la contratación de estos funcionarios se ha vuelto un negocio y, por ello, el Ministerio Público debe investigar estos hechos. Este jueves 22, dos exfuncionarios de la Alcaldía cruceña acusados por el caso ‘cobros por QR’, fueron ante un juez cautelar, acusados por los delitos de concusión, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Uno fue enviado a la cárcel y otra recibió medidas sustitutivas. Por el caso ‘contratos eventuales’, que se conoció el año pasado, la exsecretaria municipal de Administración y Finanzas Sandra Velarde se declaró culpable y se sometió a un proceso abreviado por la presunta contratación irregular de 1.205 personas que recibieron salarios durante el interinato de Angélica Sosa, pero que nunca fueron a trabajar. En la Alcaldía no se encontraron registro del marcado de tarjetas. Este hecho, según la administración de Johnny Fernández, causó un daño económico de Bs 25,6 millones. Junto con Sosa y Velarde también fue acusado el exdirector de Recursos Humanos Javier Cedeño. Todos por los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material e ideológica. El primero de estos casos salió a la luz pública hace un año, cuando Valeria Rodríguez Paz denunció que su exmarido Antonio Parada Vaca, en su cargo de exdirector de Recursos Humanos de la comuna cruceña, junto a otras personas cobró los sueldos de estos 800 ítems ilegales. “Me estaba quitando todo y no me quedé callada. Investigué y encontré un monstruo, una red delincuencial brutalmente grande, cuya cabeza es Angélica Sosa”, denunció Rodríguez Paz en aquella oportunidad. En este primer hecho, denominado ‘ítems fantasmas’, captaban a personas para trabajar en la Alcaldía cruceña. Se les pedía su carnet de identidad con la promesa de pagarles Bs 500 al mes y con ese documento de identificación se abría una cuenta en una cooperativa para el interesado. La persona contratante le pedía la tarjeta de débito de esa entidad financiera para el respectivo cobro del sueldo. El daño económico a las arcas municipales por este caso, según las proyecciones, asciende a los Bs 154 millones. Ítems políticos El exdirector de Gestión Municipal Mario Adett Zamora indicó que los ‘ítems fantasmas’ no existen, sino que vienen a denominarse ‘ítems políticos’ porque tienen el nombre, apellido y el número del carnet de identidad de las personas que contratan y estos se otorgan a quienes tienen alianza con el partido político gobernante del momento. “No es malo ser parte de una alianza política para poder gobernar mejor Santa Cruz de la Sierra, lo malo es no fiscalizar. Esto no es un negocio, sino que viene a ser una alianza entre todos los partidos políticos y es algo que no quieren que se reconozca, que son parte de una gestión política”, dijo el exfuncionario municipal. Hace un año, la exalcaldesa interina durante una declaración informativa ante la comisión de fiscales que investiga el caso ítems involucró a Jhonny Fernández, indicando que hubo un acuerdo por 600 cupos entre ítems y contratos entre Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Santa Cruz Para Todos (SPT). “Del 2015 al 2020, a través de un acuerdo político que firmó (el exalcalde) Percy Fernández con la UCS a la cabeza del señor Jhonny Fernández Saucedo estando mi persona presente en la firma de ese acuerdo junto a Juan Subirana, Loreto Moreno y el ingeniero Percy Fernández, la UCS tenía una amplia cantidad de ítems de contrato. Aclaro que eran más de 600 personas entre ítems y contratos”, según la declaración. Las listas eran de personas propuestas por esta tienda política que hizo un acuerdo de gobernabilidad con el ingeniero Percy Fernández y la Sigla SPT”, según dijo la exautoridad en su declaración. El pasado jueves, antes de iniciarse la audiencia de la exsecretaria Velarde, el abogado Jerjes Justiniano, representante legal de la exalcaldesa interina, indicó que el abogado de Velarde, Fernando Orellana, tiene vínculos laborales con el responsable de la Dirección Jurídica de la Alcaldía, Erwin Tapia. “Hemos descubierto que el abogado Fernando Orellana había sido socio del doctor Erwin Tapia.Ellos firman conjuntamente memoriales en procesos en copatrocinio, entonces esto explica la afinidad en un convenio en el que ella (Velarde) se declara culpable”, detalló Justiniano. Asimismo, aseguró que el hijo de Orellana fue contratado recientemente por el Gobierno Municipal. “Esto quiere decir que, a cambio de cargos municipales estamos llegando a acuerdos con los imputados”, cuestionó. Por su parte,Tapia negó las acusaciones de la defensa de la exalcaldesa interina y manifestó “que en su desesperación” Justiniano trató de hacer una novela porque nunca se hizo un acuerdo con el abogado Fernando Orellana, negando que tenga un bufete legal. “He firmado algunos copatrocinios (con Fernando Orellana) dentro de procesos, que es algo normal dentro de mi profesión y toda mi vida he trabajado independientemente”, dijo Tapia y agregó que el hijo de Orellana fue retirado en noviembre de este año.