José Antonio Mendoza Jordán, jefe de Comunicación y Prensa de la alianza política Comunidad Autonómica (C-A) en el Concejo Municipal, fue aprehendido la mañana de este viernes, pues se lo acusa por los delitos de beneficios a razón del cargo y concusión a raíz de la denuncia de supuestos cobros irregulares a funcionarios municipales presentada por la Alcaldía cruceña.
Según Bernardo Montenegro, vocero de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, C-A tenía una planilla de personal equivalente a más de Bs 500.000 mensuales dentro de la Alcaldía, como parte de una supuesta alianza de gobernabilidad que se realizó con el alcalde Jhonny Fernández y la UCS. Aseveró que cada uno de estos funcionarios debía aportar Bs 300 mensuales a la alianza opositora.
“Entonces hablamos de que mensualmente recaudaban alrededor de Bs 50.000 y anualmente más de medio millón de bolivianos”, señaló Montenegro.
El funcionario fue mucho más allá al indicar que, presumiblemente, estos fondos llegaban directamente al líder de la alianza, Gary Áñez, y al concejal Juan Carlos Medrano, por lo que pide al Ministerio Público que avance a la brevedad posible con la investigación y que se castigue a los responsables.
“Esto se debe determinar con exactitud ya que es fácilmente rastreable porque la mayoría de estas operaciones se hicieron a través de códigos QR o transferencias interbancarias, entonces a través del sistema financiero se logrará establecer con claridad de dónde han salido y a quién ha llegado”, precisó Montenegro.
En contacto con EL DEBER, el concejal de C-A José Alberti lamentó que cada vez que un concejal opositor hace una denuncia de corrupción, la Alcaldía responda con otra denuncia “inventada” como venganza. En ese sentido, afirmó que este caso es una represalia por la reciente detención de Andrea Forfori, exdirectora del Jardín Botánico, acusada de cobros irregulares de dinero al personal municipal a través de QR. Sobre esto, Montenegro expresó que “lamentablemente los concejales (de oposición) están acostumbrados a decir cualquier barbaridad, la mayoría de las veces sin ningún sustento, aquí no hay ninguna revancha. Estamos hablando de más de medio millón de bolivianos que se presume que se habrían desviado a cuentas personales y tendrán que responder a la justicia”. Remarcó que, según las declaraciones de las supuestas víctimas, se menciona reiteradamente a Gary Áñez y a Juan Carlos Medrano como los beneficiados con estos recursos. Se conoce que los cinco concejales que conforman la bancada de C-A (Juan Carlos Medrano, Federico Morón, Marcelo Vidaurre, Karina Orihuela y José Antonio Alberti) ya fueron citados a declarar como testigos. “El querer tapar el sol con un dedo de la corrupción que presuntamente se ha venido dando por parte de Comunidad Autonómica es realmente un despropósito, en lugar de hablar las incoherencias que hablan ellos (los concejales) deben ir y responder a la justicia”, añadió Montenegro.