La Justicia boliviana concedió acción de libertad a 12 de los 17 cubanos ciudadanos cubanos que permanecían retenidos en la sala de inadmitidos del aeropuerto internacional Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, y ordenó su remisión a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) para regularizar su situación en el país.
Los beneficiados, que ingresaron al país con visa de turismo otorgada por el consulado de Bolivia en La Habana, denunciaron que fueron retenidos por Migración y que no se les permitió comunicarse con familiares ni contar con defensa legal hasta la intervención del abogado César Cardona.
Un familiar de uno de los refugiados, que pidió mantener en reserva su identidad, aseguró a EL DEBER que ni la Defensoría del Pueblo de Bolivia ni el Consulado de Cuba intervinieron en el caso.
“Todo fue gestión del doctor César Cardonay de algunos familiares; él logró que la jueza reconozca que hubo privación de libertad sin debido proceso, violando derechos fundamentales como el derecho a la comunicación, a la locomoción y a la defensa”, afirmó.
El entrevistado explicó que el grupo estaba conformado por 17 cubanos, pero cinco se desmarcaron del proceso y habrían optado por retornar a su país. “Ellos no fueron incluidos en la audiencia, así que desconocemos su situación migratoria actual”, dijo.
Entre los 12 cubanos que buscan refugio en el país figuran dos menores de edad y la periodista independiente Orlidia Barceló Pérez, señalada como perseguida política por las autoridades cubanas y respaldada por la Red Voces del Sur, que es un conjunto de 17 organizaciones de sociedad civil (OSC) que trabajan para promover y defender la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a información a lo largo de América Latina. Según el familiar, la situación de los menores y de la periodista tuvo un peso especial en la decisión judicial.
La defensa sostiene que el problema se originó por una mala gestión de un tramitador privado, que no coordinó correctamente la entrada y regularización de los migrantes en Bolivia, pese a que todos contaban con visas de turismo emitidas legalmente.
“No hubo fraude ni delitos; ingresaron de manera legal, pero aquí quisieron deportarlos sin permitirles un procedimiento justo ni representación legal”, enfatizó la fuente.
Por ahora, residentes cubanos en Bolivia y algunos familiares alojarán a los cubanos mientras avanza su trámite ante el Conare. Las autoridades bolivianas aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de inacción institucional.