El fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, informó este viernes que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz concedió tutela al Ministerio Público para viabilizar la construcción del nuevo edificio de la Fiscalía Departamental, con una inversión superior a los 30 millones de bolivianos.
La decisión fue adoptada por unanimidad y presidida por el magistrado Aldo Quezada Cerruti, quien fundamentó el fallo en el marco de la Constitución y la buena fe procesal. “Bajo el principio de buena fe y sana crítica que enviste este tribunal, se dispone conceder la tutela de acción de amparo constitucional interpuesta por el señor fiscal general del Estado y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz”, expresó Quezada al leer la resolución.
El magistrado remarcó que la decisión se dicta contra las autoridades municipales accionadas —Ejecutivo, Legislativo y Secretaría de Planificación— y notificó a todos los sujetos procesales presentes. Además, ordenó remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Fiscalía celebra la decisión
Al salir de la audiencia, Mariaca destacó que el fallo representa un avance histórico para la institucionalidad en Santa Cruz y explicó que esto le permitirá construir su edificio en el mismo lugar (frente al monumento El Cristo) donde se encuentran sus instalaciones quemadas en 2022.
“La justicia dio la razón al Ministerio Público y, principalmente, al pueblo cruceño. Esta tutela nos permite avanzar en una obra histórica, en homenaje al mes aniversario de nuestro querido departamento”, manifestó.
El proyecto contempla la reconstrucción y ampliación de los predios de la Fiscalía, destruidos en 2022 durante hechos vandálicos, con el fin de modernizar los servicios judiciales y ofrecer un espacio digno a funcionarios y ciudadanía.
Cívicos cuestionan la obra
En contraposición, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó de lamentable la decisión y denunció un intento de vulnerar la autonomía municipal.
“Definitivamente es lamentable que haya tenido que venir la Fiscalía General del Estado para irse en contra de la voluntad del pueblo. Esa Fiscalía que dice en todo momento defender al pueblo boliviano hoy ha venido a pretender violar la autonomía municipal”, sostuvo.
El líder cívico reconoció que la Sala Constitucional validó el derecho propietario de la Fiscalía sobre el terreno, pero recalcó que no se puede construir en esa área, por tratarse de un espacio de planificación urbana que data desde la década de 1950.
“El Cristo no se toca. Ese terreno podrá ser de la Fiscalía, pero seguirá en ruinas porque ahí no se puede edificar. Está en manos del Concejo Municipal no ceder al cambio de uso de suelo, y nosotros tampoco vamos a permitirlo”, remarcó.
Cochamanidis anunció que convocará al directorio cívico para coordinar acciones con instituciones como el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros y la Facultad de Ordenamiento Territorial, con el fin de oponerse a cualquier intento de modificar el plan urbano de la ciudad.
Por su parte, el presidente en ejercicio del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, José Alberti, celebró el fallo de la Sala Constitucional Segunda y explicó que se dialogará con la Fiscalía para “buscar una solución de intercambio y compensación”.
“Pueblo cruceño, logramos que no se cambie el uso de suelo al predio del edificio donde funcionaba la Fiscalía Departamental de SantaCruz. Esto abre el diálogo y los puentes de voluntades políticas para poder avanzar y buscar una solución de intercambio y compensación para que nuestra fiscalía departamental pueda construir un edificio monumental y con parqueos como se merece. Conversé con el fiscal general y departamental, y existe voluntad plena para lograr que ganemos todos y lo hagamos por Santa Cruz”, escribió en sus redes sociales.
El conflicto que sigue
El fallo judicial despeja el camino legal para que el Ministerio Público inicie el proyecto de construcción, pero la oposición cívica y social en torno al terreno del Cristo Redentor anticipa que el debate se trasladará ahora al ámbito político y ciudadano.
Mientras tanto, el Ministerio Público insiste en que la obra es una necesidad institucional, y los cívicos defienden que el espacio forma parte de la planificación histórica de Santa Cruz.
Al salir de la audiencia, Mariaca destacó que el fallo representa un avance histórico para la institucionalidad en Santa Cruz y explicó que esto le permitirá construir su edificio en el mismo lugar (frente al monumento El Cristo) donde se encuentran sus instalaciones quemadas en 2022.
“La justicia dio la razón al Ministerio Público y, principalmente, al pueblo cruceño. Esta tutela nos permite avanzar en una obra histórica, en homenaje al mes aniversario de nuestro querido departamento”, manifestó.
El proyecto contempla la reconstrucción y ampliación de los predios de la Fiscalía, destruidos en 2022 durante hechos vandálicos, con el fin de modernizar los servicios judiciales y ofrecer un espacio digno a funcionarios y ciudadanía.
Cívicos cuestionan la obra
En contraposición, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó de lamentable la decisión y denunció un intento de vulnerar la autonomía municipal.
“Definitivamente es lamentable que haya tenido que venir la Fiscalía General del Estado para irse en contra de la voluntad del pueblo. Esa Fiscalía que dice en todo momento defender al pueblo boliviano hoy ha venido a pretender violar la autonomía municipal”, sostuvo.
El líder cívico reconoció que la Sala Constitucional validó el derecho propietario de la Fiscalía sobre el terreno, pero recalcó que no se puede construir en esa área, por tratarse de un espacio de planificación urbana que data desde la década de 1950.
“El Cristo no se toca. Ese terreno podrá ser de la Fiscalía, pero seguirá en ruinas porque ahí no se puede edificar. Está en manos del Concejo Municipal no ceder al cambio de uso de suelo, y nosotros tampoco vamos a permitirlo”, remarcó.
Cochamanidis anunció que convocará al directorio cívico para coordinar acciones con instituciones como el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros y la Facultad de Ordenamiento Territorial, con el fin de oponerse a cualquier intento de modificar el plan urbano de la ciudad.
Por su parte, el presidente en ejercicio del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, José Alberti, celebró el fallo de la Sala Constitucional Segunda y explicó que se dialogará con la Fiscalía para “buscar una solución de intercambio y compensación”.
“Pueblo cruceño, logramos que no se cambie el uso de suelo al predio del edificio donde funcionaba la Fiscalía Departamental de SantaCruz. Esto abre el diálogo y los puentes de voluntades políticas para poder avanzar y buscar una solución de intercambio y compensación para que nuestra fiscalía departamental pueda construir un edificio monumental y con parqueos como se merece. Conversé con el fiscal general y departamental, y existe voluntad plena para lograr que ganemos todos y lo hagamos por Santa Cruz”, escribió en sus redes sociales.
El conflicto que sigue
El fallo judicial despeja el camino legal para que el Ministerio Público inicie el proyecto de construcción, pero la oposición cívica y social en torno al terreno del Cristo Redentor anticipa que el debate se trasladará ahora al ámbito político y ciudadano.
Mientras tanto, el Ministerio Público insiste en que la obra es una necesidad institucional, y los cívicos defienden que el espacio forma parte de la planificación histórica de Santa Cruz.